El gobierno saliente ha decidido retrasar la implementación del reglamento de la ley conocida como Ley Uber, dejando la tarea para su sucesor. Esta fue una petición del ministro de Transportes entrante, en vista de los efectos sociales que podría tener la aplicación de esta legislación. Es una buena medida porque es una ley deficiente, diseñada con criterios anticuados, y el reglamento acentuaba estos aspectos.

La Ley Uber fue impulsada por los taxistas, que veían disminuidos sus ingresos ante la competencia de los conductores de empresas de aplicaciones de transporte, aunque actualmente los taxistas trabajan habitualmente en estas empresas. También contribuyeron al diseño de la ley políticos que asumieron que los conductores eran explotados por las compañías, y que no consideraron que estos (incluyendo taxistas) tienen varias aplicaciones abiertas y deciden por su cuenta qué carreras tomar —ellos hacen competir a las aplicaciones.

La Ley Uber tiene un diseño rígido. Incorporó un registro de conductores y vehículos por Región; la condición de poseer una licencia de conductor profesional, y la posibilidad de que el Ministerio de Transportes limite la cantidad de conductores, tal como se hizo con el número de taxis en el pasado.

El requisito de licencia profesional es exagerado, y se asemeja a las restricciones que imponían los gremios de la edad media para limitar la competencia. Y al parecer no se puso en la balanza si los beneficios de esta licencia se contrastan con el costo económico para los conductores a tiempo parcial, así como el efecto para los usuarios al disminuir la disponibilidad de conductores de aplicación.

El reglamento incrementó las restricciones de la ley. Impuso un requisito de máxima antigüedad y de mínima cilindrada de los vehículos, que hará necesario en muchos casos el cambio de vehículos por otros más recientes y de mayor costo. Es probable que estas condiciones —licencia profesional, registro, y cambio de vehículo— sean abordables para quienes se dedican a esta tarea en jornada completa, pero no así para quienes lo hacen en forma parcial, como complemento de los ingresos de su trabajo principal. Se estima que, en ese escenario, más de 150 mil conductores estarían en riesgo de perder esta fuente de ingresos.

Así, los usuarios se verían perjudicados por una menor oferta de estos medios de transporte y, por lo tanto, un mayor costo.

Hay que señalar que sí puede ser razonable disponer de un registro centralizado de conductores (y tal vez de los vehículos) para tener información independiente de la que poseen las empresas de aplicaciones. Quizás, aunque no se puede asegurar, habría evitado el caso que afectó a una lectora de este diario, quien relató que mientras se desplazaba en Uber el conductor chocó, y luego Carabineros le comentó que este manejaba con una licencia vencida, tenía órdenes judiciales por violación y hurto, y había conseguido inscribirse en la aplicación bajo un nombre falso.