Recordar lo sucedido en las primeras dos semanas de la administración del Presidente Gabriel Boric —errores, improvisaciones, soberbia, indolencia frente a señales que advertían de los riesgos de ciertas decisiones, exceso de ideologización, nombramientos de embajadores y otras autoridades en que primó el amiguismo o meros criterios políticos o personales por sobre las competencias, y en general, una desconexión con las prioridades de los chilenos— debería servir de enseñanza y de una cruda advertencia a quienes asumen hoy.

Y es que gran parte del destino de la administración de Boric se jugó en ese comienzo, en que se produjo un verdadero hundimiento de la confianza en su proyecto refundacional y se pusieron en entredicho las reales capacidades de esa generación para gestionar el Estado. La imagen que se perdió en esos días no logró recuperarse —gran parte de la ciudadanía se formó un juicio negativo que ya no cambiaría—, y la seguidilla de derrotas electorales que sufriría después fue solo una consolidación de esa deriva iniciada en marzo.

Probablemente el episodio más dañino fue el fallido viaje de la ministra del Interior, Izkia Siches, para ingresar a Temocuicui —ocurrido a cuatro días de haber asumido el Gobierno—, que reveló falencias profundas en el manejo de la jefa de gabinete, desconocimiento de lo que ocurría y mucha ingenuidad en la forma planteada para enfrentar problemas complejos como la violencia. Desde ahí hasta su salida en septiembre, luego de la abrumadora derrota de la propuesta de nueva Constitución, no podría remontar este traspié inicial, comprometiendo la marcha de todo el Gobierno. Otro asunto que terminaría socavando las bases de la nueva administración fue el haber vinculado, como lo hizo el ministro Giorgio Jackson, el programa de Gobierno con el éxito de la Convención. A esa parálisis producida, se sumaría la liviandad en cómo desestimaron o se desentendieron de las alertas recibidas y las críticas de fondo, no solo desde la derecha, a lo que ocurría con las normas aprobadas y el funcionamiento del proceso constituyente.

A lo anterior se agregan una serie de hechos cuya acumulación da cuenta de un patrón de conducta cuyos costos, pese a algunas rectificaciones, lo pagarían hasta el final del período. Así, el 11 de marzo, en su primer discurso en La Moneda, el Presidente Boric anuncia como su medida inaugural el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado a los llamados “presos de la revuelta”. En la misma línea, en el gabinete hay una pública división porque algunos hablaban de Wallmapu y otros de Araucanía, unos sostenían que había presos políticos y otros lo descartaban. El Gobierno, sin embargo, impulsaba con decisión un proyecto de amnistía para esos presos (el 21 de marzo anuncia que le daría suma urgencia) y el propio Presidente Boric no descartaba recurrir a los indultos (lo que finalmente haría meses después) si no avanzaba en el Congreso. De paso se informa que Gendarmería confiere el beneficio de libertad dominical trimestral a dos de los asesinos del matrimonio Luchsinger Mackay luego de cumplir solo tres años de los 18 de condena.

Como corolario de la segunda semana, el viernes 25 de marzo se vivió una violenta jornada de desórdenes públicos, la que terminó con un joven herido de bala por el disparo de un carabinero del tránsito, que según las primeras declaraciones, videos y audios, habría actuado en defensa cuando estaba siendo atacado por desconocidos (en noviembre sería sobreseído por haber actuado justificadamente). Lo peor del asunto fue la reacción del Gobierno y sus partidos aliados. A las declaraciones de altos personeros del Partido Comunista que hablaban de “brutalidad policial” o que los “sumarios internos son un show”, se unieron ministras de Estado, entre ellas la de Bienes Nacionales, Javiera Toro, que luego de criticar a la institución planteó por redes sociales que “refundar carabineros es prioridad de nuestro gobierno”. Incluso la ministra del Interior no pudo contenerse de intervenir en Twitter y poco después de ocurridos los hechos le puso un “me gusta” a lo expresado por la diputada comunista Alejandra Placencia, que entre otras cosas sostenía: “en solo unas semanas hubo represión en Plaza Dignidad y baleo a un estudiante. Desde la Comisión de Seguridad estamos a disposición de la ministra para trabajar en esta ineludible reforma”. La irresponsabilidad para enfrentar la violencia quedaría como un sello.

En fin, podríamos seguir mencionando ejemplos de lo ocurrido, pero los dados parecen suficientes para ilustrar el desfonde político de un gobierno en esas primeras dos semanas. Y es que una ciudadanía impaciente y crítica como la de ahora puede darle la espalda rápidamente a un nuevo gobierno si percibe que es desprolijo en la implementación de su programa o manifiesta una rigidez excesiva que no les permite a las autoridades adaptarse a los nuevos escenarios ni asumir con sensatez los problemas se les presentan.