Señor Director:

El reciente rechazo en el Senado a la indicación que extendía el acompañamiento hasta los 24 años a jóvenes egresados de residencias de protección —aun cuando no continúen estudios y opten voluntariamente por programas de habilitación para su independencia económica— vuelve a instalar una pregunta de fondo. Esta discusión se dio en el marco del proyecto de ley que armoniza la normativa del Servicio de Protección Especializada con la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

¿Puede el Estado poner término abrupto a su responsabilidad cuando estos jóvenes cumplen 18 años?

Durante 2025 diversas cartas han abordado la situación de jóvenes que, al no continuar estudiando, deben enfrentar en soledad los desafíos de la vida adulta al alcanzar la mayoría de edad. Sin redes familiares ni apoyos suficientes, muchos quedan expuestos a situaciones de calle, precariedad o incluso a trayectorias delictivas.

Cada año egresan de residencias cerca de 450 jóvenes al cumplir 18 años. Aproximadamente el 70% continúa estudios y mantiene acompañamiento. La discusión, por tanto, se refiere a cerca de 130 jóvenes al año: aquellos que igualmente necesitan apoyo para construir un proyecto de vida independiente.

Cuando el Estado asume el cuidado de niños, niñas y adolescentes en residencias, ejerce una responsabilidad parental que no puede terminar de manera automática al cumplir la mayoría de edad. Del mismo modo en que ninguna familia abandona a sus hijos al alcanzar los 18 años, el sistema de protección tampoco debiera hacerlo.

La protección no es un incentivo condicionado al estudio. Es una responsabilidad del Estado con quienes crecieron bajo su cuidado.

Paulina Fernández
Socióloga