La entrega de la banda presidencial a quien ha ganado una elección limpia es uno de los gestos más elocuentes de la democracia. En ese acto se renueva la convicción de que el poder puede cambiar de manos pacíficamente y de que una comunidad política puede darse continuidad al margen de sus diferencias.

Por eso es razonable desear éxito a quienes inician un mandato. También lo es concederles la oportunidad de mostrar el valor de sus ideas. Pero esa disposición debe ser recíproca. Un gobierno entrante no debiera fundar su legitimidad en la descalificación de quienes se van, ni en sembrar sospechas sobre lo que fueron sus intenciones. Tampoco necesita presentar al país como una tierra arrasada para hacer más impresionante su propia llegada. Eso —se lo busque o no— humilla y alimenta resentimientos que tarde o temprano pasan la cuenta, como lo ha comprobado la generación que hoy deja el poder.

Hay, además, una razón más profunda para guardar esa compostura. A quienes ejercieron democráticamente la administración del Estado se les debe respeto, no solo por deferencia personal y por una elemental consideración republicana, sino también porque encarnaron la voluntad ciudadana. Y esa voluntad, aun cuando luego cambie de signo, merece ser tratada con respeto. Degradar sin matices a quienes la representaron equivale también a rebajar la dignidad del propio juicio ciudadano.

Nuestra experiencia democrática ofrece buenos ejemplos. Aylwin, sin abdicar de sus convicciones, entendió que debía cuidar las formas del Estado y se entendió con Pinochet, quien lo había perseguido. Piñera, pese a haber sido un opositor severo, supo reconocer avances de la Concertación. Y Boric, aun después de años de dureza verbal, tuvo gestos de reconocimiento hacia Piñera que lo engrandecieron. Todos asumieron que un país no se construye negando o demoliendo al que estuvo antes, sino apoyándose en lo que hizo para continuar, corregir y superar.

Un gobierno entrante tampoco puede consumir sus energías en auditar al saliente, como si su tarea principal consistiera en agitar sospechas. Quien llega a La Moneda para revisar una y otra vez las ruinas que denuncia corre el riesgo de olvidar que fue elegido, ante todo, para abrir un rumbo. Deje a la ciudadanía forjarse su propio juicio; usted dedíquese a gobernar de cara al futuro.

La democracia también se daña cuando la autoridad comienza a rodearse de una aureola de superioridad moral y la crítica pasa a ser presentada como falta de respeto o como un anatema. En democracia, la investidura presidencial no confiere intangibilidad alguna; al revés, obliga a una mayor exposición ante la mirada pública, el escrutinio periodístico y la crítica ciudadana. Disentir no es boicotear, tomar distancia no es traicionar y criticar no es desconocer la legitimidad de quien ha triunfado.

En esa tarea la prensa cumple una función esencial. Así como en estos años ha sido activa en denunciar las fallas del gobierno que termina y en cuestionar lo que este presenta como logros, sería deseable que mantenga la misma actitud hacia el gobierno entrante y que no se inhiba ante el poder, la gravitación pública y la amplitud de los respaldos con que este cuenta. Solo así honra su papel en una democracia.

Hay un camino, hoy muy visible en el mundo, que consiste en absolverse a sí mismo mientras se culpa de todos los males a los antecesores y se los demoniza sin descanso. Chile no debiera transformarse en la versión local de ese estilo basado en la demolición del pasado y el ajuste de cuentas perpetuo. No se trata de olvido ni de complacencia; se trata de ejercer cierta piedad hacia lo recibido, incluso cuando se lo juzga insuficiente o equivocado, y de respetar el derecho a disentir.

Por eso tuvo un valor especial que el pasado domingo las autoridades saliente y entrante se reencontraran en La Moneda. Es el tipo de gesto que recuerda lo más esencial: que en una república el poder no comienza desde cero, sino que se recibe, se ejerce y se entrega.