Señor Director:

El pasado miércoles, a las 23:00 hrs., me subí a un Uber. A los dos minutos, el conductor cruzó una luz roja en la exrotonda Pérez Zujovic y colisionamos. Perdí la conciencia por unos minutos y, al despertar, fui trasladada en ambulancia a una clínica.

Al contactar a Carabineros, que dirigió el operativo, supe que el conductor manejaba con licencia vencida, se había cambiado el nombre en la aplicación y acumulaba órdenes judiciales: dos por violación y dos por hurto, antecedentes que, por su naturaleza, no figuran en el certificado de antecedentes, pero que son rastreables y sumamente graves. Como mujer, pienso que subirme al auto de un hombre requerido por la justicia por violación, es el tipo de situación que ningún algoritmo ni empresa debería dejar pasar.

La pregunta es sistémica: ¿cómo es posible que una empresa tecnológica, valorada en decenas de miles de millones de dólares no cuente con mecanismos de verificación continua? Uber reconoce exigir renovación de documentos solo una vez al año. Con la tecnología disponible hoy (verificación biométrica, contraste de bases de datos en tiempo real, alertas automáticas ante cambios de identidad) eso es una decisión, no una limitación. Bancos y aerolíneas aplican estos filtros de forma rutinaria. Que una plataforma cuyo modelo descansa íntegramente en la confianza no lo haga, resulta difícil de justificar.

Desde una perspectiva regulatoria, la Ley N° 21.505 establece requisitos de habilitación inicial, pero no contempla control continuo ni sanciones proporcionales ante fallos de verificación. El estándar de seguridad queda así sujeto a la política interna de cada empresa, sin fiscalización efectiva.

Las mujeres usamos este transporte porque se publicita como seguro y trazable. Confiar en que la plataforma ha hecho su debida diligencia no es ingenuidad; es una expectativa razonable. Las preguntas que quedan abiertas son públicas: ¿qué diligencia puede exigírseles a estas plataformas como condición de operación? ¿Qué rol tiene el regulador? ¿Y bajo qué criterios responde una empresa cuando su conductor resulta ser un agresor sexual con causas vigentes?

Bárbara Gormaz Arteaga