Señor Director:

En los últimos cuatro años el número de mujeres en prisión ha aumentado en un 79% y Chile es el segundo país de Sudamérica con mayor porcentaje de mujeres encarceladas. El 45% se encuentra en prisión preventiva, a la espera de juicio, mientras que en los hombres esta proporción es del 33%.

El encarcelamiento femenino tiene un alto costo social. Más del 80% de las mujeres privadas de libertad son madres y muchas eran las principales proveedoras de sus familias antes de ser encarceladas, dejando a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

El encierro ocurre en condiciones deplorables de salubridad y existe escasa oferta del Estado para realizar actividades durante el tiempo en prisión. Al salir, muchas se encuentran más empobrecidas y enfrentan un fuerte estigma.

Pese a esto, el debate público parece centrarse únicamente en cómo encarcelar a más personas, sin abordar las condiciones en que ocurre el encierro ni las herramientas necesarias para reducir la reincidencia: tratamiento de consumo problemático de drogas, salud mental, capacitación y reinserción laboral.

El próximo gobierno recibirá un sistema penitenciario con problemas estructurales, en medio de una legítima demanda ciudadana por mayor seguridad. Si la respuesta vuelve a centrarse en endurecer penas y construir más cárceles, difícilmente veremos mejores resultados. Ignorar las trayectorias de vida de esta población solo reproduce el modelo que nos ha traído hasta aquí.

Elisa Alcaíno; Fernanda Cueto;
Antonella Oberti; María Jesús Fernández;
Ignacia Delfau
Directorio Red de Acción Carcelaria