Formar parte de la comisión de Hacienda del Senado, y presidirla, ha sido una de las tareas más desafiantes y gratificantes que he desempeñado desde el punto de vista técnico y legislativo. Este es un ciclo que cierro con gran orgullo. Por lo mismo, habiendo dedicado parte importante de mi servicio al país en temas fiscales, creo necesario dar mi postura respecto de la discusión sobre nuestras finanzas públicas. Mi evaluación es inequívoca: es cada vez más evidente la tensión entre las proyecciones oficiales y la cruda realidad de los ingresos fiscales de la nación.

En la administración del Presidente Gabriel Boric, el Ministerio de Hacienda insistió en estimaciones optimistas sobre la recaudación futura. Este patrón insostenible persiste incluso ahora que las cifras confirman el negativo escenario que muchos anticipamos. Esta tozudez no solo refleja una apuesta política por sostener agendas de gasto irresponsables, sino también una dificultad intelectual para reconocer que las decisiones adoptadas por la administración han incidido en la capacidad del Estado para generar ingresos tributarios.

Las cifras fiscales recientes solo refuerzan esta preocupación y así lo manifestó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que calificó la brecha del déficit estructural como históricamente elevada, sin que hubiese alguna crisis macroeconómica, sumado a los incumplimientos de años previos.

Es que la sobreestimación de los ingresos fiscales ha sido una constante de este gobierno. En particular, los ingresos tributarios no mineros, que fueron casi 2% del PIB menores a lo anunciado. Hacienda atribuyó esta caída a menores pagos de grandes empresas, a una menor tasa efectiva de tributación y al tipo de cambio que redujo la recaudación. Sin embargo, tanto el Congreso como el CFA también advirtieron que la proyección de la recaudación, como la de la Ley de Cumplimiento Tributario, era demasiado optimista.

Por otro lado, los ajustes del gasto público realizados por el Gobierno nunca fueron suficientes para compensar la caída de los ingresos y resguardar la meta fiscal. En el futuro será necesario revisar las dinámicas donde se sobreejecuta el gasto corriente y se subejecuta la inversión pública, una mezcla que dificulta realizar ajustes fiscales de manera equilibrada.

Si bien la deuda bruta se mantiene bajo el umbral prudente de 45% del PIB (41,7%), el CFA advirtió que ello se explica en parte por factores transitorios, como la apreciación del tipo de cambio y un mayor crecimiento del PIB nominal. En otras palabras, ¡el azar! De seguir así, existe alrededor de un 50% de probabilidad de que la deuda supere el nivel prudente hacia 2027. A ello se suma que el plan de medidas correctivas impulsado por el Ejecutivo tuvo un efecto insuficiente.

Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio y eso lo refleja la administración saliente, donde en lugar de revisar con mayor cautela los supuestos detrás de sus proyecciones fiscales, desoyó la opinión de múltiples voces expertas. Así, yo estimo que parte del problema fiscal ha estado en una sobreestimación sistemática del dinamismo económico, en el impacto real de reformas e iniciativas mal concebidas que aumentaron la incertidumbre regulatoria y desincentivaron la inversión, lo que termina afectando la base misma sobre la cual se recauda. Sin duda que ignorar aquello postergó ajustes necesarios, propios de lo que hubiese sido una gestión fiscal más acertada.

Todo lo anterior tendrá implicancias importantes para quienes tengan el honor de formar parte de la comisión de Hacienda del Senado durante los próximos años. Tal como ha quedado de manifiesto bajo la actual administración, los errores de política influyen en la actividad económica, golpeando la recaudación. Luego de cuatro años, la población demanda resolver la emergencia fiscal y económica. El nuevo gobierno hereda un panorama complejo, marcado por proyecciones irreales. Un primer paso será avanzar en la transparencia y rigor para retomar la credibilidad de las instituciones. El país requiere una discusión honesta sobre las verdaderas restricciones que enfrenta hoy nuestra política fiscal.

Ximena Rincón
Senadora, presidenta de la comisión de Hacienda