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RenovarEditorial
Sábado 07 de marzo de 2026
¿Qué hacer con el empleo público?
Entre el 2015 y el 2024, la dotación del sector público aumentó un 79%. El posicionamiento del Estado como un empleador principal es una tendencia que no fue contenida bajo la administración de Gabriel Boric. El siguiente gobierno deberá revertirla.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el promedio de los últimos 12 trimestres móviles arroja un número de ocupados en “Administración Pública y Defensa” cercano a las 544 mil personas. Esto representa un aumento de 9,4% respecto del número calculado cuatro años atrás, crecimiento muy superior al que se obtiene al analizar el total de población ocupada. El aumento del empleo en otras ramas donde el sector público tiene un rol dominante (salud y educación) son incluso mayores. Así, las estadísticas dan cuenta de un fenómeno que ha modificado el mercado laboral chileno: durante los últimos años el Estado se ha transformado en una fuente importante de empleos, compensando el alicaído dinamismo observado en el sector privado.
Los datos de la Superintendencia de Pensiones ilustran este punto para el empleo formal, aproximado a partir del número de cotizantes. En términos agregados, a diciembre de 2025, 5.974.428 realizaban cotizaciones previsionales en Chile. En marzo de 2022 la cifra era 5.947.271. Por lo tanto, en casi cuatro años, el número ha aumentado solo un 0,5%, lo que habla del nulo dinamismo del mercado laboral bajo la administración del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, en el mismo período y mostrando un marcado contraste, el crecimiento de cotizantes en la actividad “Administración Pública y Defensa” fue de un 12%.
Este porcentaje es también consistente con las cifras que reporta la Dirección de Presupuesto bajo el rótulo de “Estadísticas de Empleo en el Sector Público”. Si bien los resultados aún no están disponibles para 2025 —el próximo gobierno tendrá la obligación de mejorar la frecuencia y detalle de la entrega de datos en esta materia—, la serie existente da cuenta de la tendencia de los últimos años en cuanto al crecimiento sostenido del empleo público. Específicamente, el personal disponible del sector público pasó de 846 mil en 2021 a cerca de 939 mil en 2024. Así, en apenas tres años, el Estado sumó más de 92 mil funcionarios adicionales, un aumento cercano al 11% (9% entre 2022 y 2024). Estamos entonces frente a crecimiento del aparato estatal equivalente a crear una ciudad completa dentro del sector público.
El aumento no ha sido homogéneo. La Administración Central —ministerios, servicios y organismos dependientes— pasó de unos 425 mil funcionarios en 2022 a casi 460 mil en 2024, un incremento superior a 34 mil personas (una expansión de 8%). Sin embargo, donde el crecimiento ha sido más marcado es en el nivel local. Solo en tres años las municipalidades aumentaron su dotación desde 294 mil (2021) a cerca de 348 mil trabajadores (2024), lo que representa un crecimiento cercano al 18%. Es probable que la publicación de las cifras para 2025 arroje un aumento incluso superior.
Otro rasgo importante es la composición del empleo. El personal permanente creció con fuerza, pasando de 611 mil a más de 701 mil funcionarios en el período reportado por la Dipres (2021-2024). En contraste, el personal transitorio se mantuvo relativamente estable, alrededor de 235 mil trabajadores. Esto sugiere que una parte importante de la expansión reciente no corresponde simplemente a contrataciones temporales, sino a una consolidación más estructural del empleo público. Lo anterior además se da en un contexto donde la productividad y probidad del empleo público son cuestionadas.
El trabajo realizado por la Contraloría General de la República respecto del uso de licencias médicas fue un ejemplo de esta situación. El hecho de que solo un porcentaje ínfimo de los sumarios haya dado resultados aumenta la preocupación. Por otra parte, que la vasta mayoría de los empleados públicos tenga acceso a bonos gracias a los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), informa respecto de la falencia de mecanismos de incentivos adecuados para aumentar la calidad del servicio público. Y los datos de ausentismo en el sector permiten corroborar el mínimo esfuerzo realizado por la actual administración en la materia: mientras entre 2015 y 2021 el promedio anual de ausentismo era de 25,73 días, a partir de 2022 se elevó por sobre los 33 días, un ausentismo promedio superior a un mes por año. Inaceptable.
Por supuesto, el crecimiento del empleo público no es necesariamente negativo. En algunos casos puede reflejar mayores demandas de servicios públicos, nuevas funciones del Estado o la expansión de políticas sociales. El problema surge cuando ese crecimiento ocurre sin una discusión explícita sobre su justificación, eficiencia, productividad o sostenibilidad fiscal.
Ajustes e incentivos
Frente a estas cifras y la urgente necesidad de realizar un ajuste al gasto significativo, la administración del Presidente electo, José Antonio Kast, deberá entrar en el complejo debate del empleo dentro del sector público. Allí se encuentra una fuente de presión presupuestaria significativa sin observarse ganancias en productividad en los servicios que el Estado le presta a la población.
Un primer esfuerzo deberá estar en la revisión del tamaño de la dotación. Esto debería incluir no solo a personas contratadas en la modalidad de honorarios, sino también contrata y planta. Dicha revisión debe incluir también el ajuste de salarios. Una segunda arista debe ser la transparencia y frecuencia en la entrega de información. Informar frecuentemente a la población, con un nivel de detalle adecuado, es siempre un insumo para cualquier esfuerzo fiscalizador. El tercer elemento es una profunda reestructuración de los mecanismos de incentivos. Frente a los abusos que se han conocido, una eventual oposición de los sindicatos a cambios en, por ejemplo, PMG o CDC (Convenios de Desempeño Colectivo), no debería ser en detrimento de incorporar mecanismos efectivos que permitan premiar el desempeño individual y colectivo.
Con todo, el empleo público tiene efectos directos sobre el gasto permanente del gobierno, especialmente a través de remuneraciones, cotizaciones y compromisos previsionales futuros. En un contexto en que Chile enfrenta déficits estructurales elevados y presiones fiscales persistentes, revisar la dinámica del empleo estatal, en todas sus aristas, se vuelve particularmente relevante.
Los datos de la Superintendencia de Pensiones ilustran este punto para el empleo formal, aproximado a partir del número de cotizantes. En términos agregados, a diciembre de 2025, 5.974.428 realizaban cotizaciones previsionales en Chile. En marzo de 2022 la cifra era 5.947.271. Por lo tanto, en casi cuatro años, el número ha aumentado solo un 0,5%, lo que habla del nulo dinamismo del mercado laboral bajo la administración del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, en el mismo período y mostrando un marcado contraste, el crecimiento de cotizantes en la actividad “Administración Pública y Defensa” fue de un 12%.
Este porcentaje es también consistente con las cifras que reporta la Dirección de Presupuesto bajo el rótulo de “Estadísticas de Empleo en el Sector Público”. Si bien los resultados aún no están disponibles para 2025 —el próximo gobierno tendrá la obligación de mejorar la frecuencia y detalle de la entrega de datos en esta materia—, la serie existente da cuenta de la tendencia de los últimos años en cuanto al crecimiento sostenido del empleo público. Específicamente, el personal disponible del sector público pasó de 846 mil en 2021 a cerca de 939 mil en 2024. Así, en apenas tres años, el Estado sumó más de 92 mil funcionarios adicionales, un aumento cercano al 11% (9% entre 2022 y 2024). Estamos entonces frente a crecimiento del aparato estatal equivalente a crear una ciudad completa dentro del sector público.
El aumento no ha sido homogéneo. La Administración Central —ministerios, servicios y organismos dependientes— pasó de unos 425 mil funcionarios en 2022 a casi 460 mil en 2024, un incremento superior a 34 mil personas (una expansión de 8%). Sin embargo, donde el crecimiento ha sido más marcado es en el nivel local. Solo en tres años las municipalidades aumentaron su dotación desde 294 mil (2021) a cerca de 348 mil trabajadores (2024), lo que representa un crecimiento cercano al 18%. Es probable que la publicación de las cifras para 2025 arroje un aumento incluso superior.
Otro rasgo importante es la composición del empleo. El personal permanente creció con fuerza, pasando de 611 mil a más de 701 mil funcionarios en el período reportado por la Dipres (2021-2024). En contraste, el personal transitorio se mantuvo relativamente estable, alrededor de 235 mil trabajadores. Esto sugiere que una parte importante de la expansión reciente no corresponde simplemente a contrataciones temporales, sino a una consolidación más estructural del empleo público. Lo anterior además se da en un contexto donde la productividad y probidad del empleo público son cuestionadas.
El trabajo realizado por la Contraloría General de la República respecto del uso de licencias médicas fue un ejemplo de esta situación. El hecho de que solo un porcentaje ínfimo de los sumarios haya dado resultados aumenta la preocupación. Por otra parte, que la vasta mayoría de los empleados públicos tenga acceso a bonos gracias a los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), informa respecto de la falencia de mecanismos de incentivos adecuados para aumentar la calidad del servicio público. Y los datos de ausentismo en el sector permiten corroborar el mínimo esfuerzo realizado por la actual administración en la materia: mientras entre 2015 y 2021 el promedio anual de ausentismo era de 25,73 días, a partir de 2022 se elevó por sobre los 33 días, un ausentismo promedio superior a un mes por año. Inaceptable.
Por supuesto, el crecimiento del empleo público no es necesariamente negativo. En algunos casos puede reflejar mayores demandas de servicios públicos, nuevas funciones del Estado o la expansión de políticas sociales. El problema surge cuando ese crecimiento ocurre sin una discusión explícita sobre su justificación, eficiencia, productividad o sostenibilidad fiscal.
Ajustes e incentivos
Frente a estas cifras y la urgente necesidad de realizar un ajuste al gasto significativo, la administración del Presidente electo, José Antonio Kast, deberá entrar en el complejo debate del empleo dentro del sector público. Allí se encuentra una fuente de presión presupuestaria significativa sin observarse ganancias en productividad en los servicios que el Estado le presta a la población.
Un primer esfuerzo deberá estar en la revisión del tamaño de la dotación. Esto debería incluir no solo a personas contratadas en la modalidad de honorarios, sino también contrata y planta. Dicha revisión debe incluir también el ajuste de salarios. Una segunda arista debe ser la transparencia y frecuencia en la entrega de información. Informar frecuentemente a la población, con un nivel de detalle adecuado, es siempre un insumo para cualquier esfuerzo fiscalizador. El tercer elemento es una profunda reestructuración de los mecanismos de incentivos. Frente a los abusos que se han conocido, una eventual oposición de los sindicatos a cambios en, por ejemplo, PMG o CDC (Convenios de Desempeño Colectivo), no debería ser en detrimento de incorporar mecanismos efectivos que permitan premiar el desempeño individual y colectivo.
Con todo, el empleo público tiene efectos directos sobre el gasto permanente del gobierno, especialmente a través de remuneraciones, cotizaciones y compromisos previsionales futuros. En un contexto en que Chile enfrenta déficits estructurales elevados y presiones fiscales persistentes, revisar la dinámica del empleo estatal, en todas sus aristas, se vuelve particularmente relevante.
