Señor Director:

Estos días la cobertura mediática sobre el proyecto que regula alternativas de cumplimiento de penas para personas ancianas o gravemente enfermas ha instalado una premisa equivocada que, como periodista, creo necesario aclarar para informar correctamente.

Titulares y declaraciones que advierten que “quedarían libres asesinos seriales o violadores” reducen el debate a una caricatura que solo busca alarmar. La propuesta, elaborada por la abogada Carla Fernández, presentada por un grupo de senadores y aprobada en general por el Senado, no busca indultos ni perdones, sino reclusión domiciliaria total para casos excepcionales, como personas de edad muy avanzada, con dependencia extrema o con enfermedades graves o terminales. No se trata de impunidad, sino de aplicar criterios humanitarios presentes en muchos sistemas penales modernos.

En un sistema penitenciario con hacinamiento y limitaciones en atención médica, medidas de este tipo pueden contribuir, además, a una mejor gestión de los recursos, trasladando el cuidado de personas extremadamente vulnerables a sus familias, sin eliminar la pena.

Ver al ministro de Justicia profundamente conmovido en esta discusión invita a preguntarse qué medidas concretas ha impulsado el Ejecutivo para enfrentar un sistema penitenciario sobrecargado y, en muchos casos, fuera de control como hemos visto en el último tiempo.

Paradójicamente, en un debate donde algunos sectores invocan permanentemente los derechos humanos —especialmente respecto del pasado— parece olvidarse que estos son universales. Humanizar la pena no significa relativizar delitos ni borrar responsabilidades. Significa recordar que incluso el poder punitivo del Estado tiene un límite: la dignidad de la persona.

Claudia Fuentes Bozzolo
Periodista