Una legislación ineficaz estaría permitiendo que se perpetúe la ocurrencia de carreras clandestinas en la Costanera Norte con los problemas de seguridad y ruido que ello conlleva. Los vecinos se han organizado para exponer la situación ante la autoridad y proponer acciones que les devuelvan la tranquilidad de poder dormir sin ruidos molestos y evitar la peligrosidad que implica circular junto a estos vehículos que alcanzan altas velocidades.

Este verano, mediante numerosas cartas a este diario, los vecinos del sector denunciaron que esta práctica —que solía ocurrir los jueves— se estaba realizando hasta tres días a la semana y que se había normalizado a tal punto que fotógrafos y público interesado llegaban al punto de reunión, una bencinera ubicada al costado de la autopista y sus alrededores.

Según los vecinos, la falta de fiscalización ha permitido la repetición de estos hechos en un ambiente de cierta impunidad en el que los conductores no son sancionados pese a conducir a velocidades extremas.

Ante los sucesivos reclamos, un reciente control de Carabineros resultó en 40 multas por exceso de velocidad y otras por licencias de conducir y documentos vencidos, vidrios polarizados, escapes intervenidos y algunos autos requisados.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, señala que, pese a las constantes fiscalizaciones policiales, la legislación no permite tomar medidas efectivas y “en algunos casos es letra muerta” por lo que ha solicitado al Ministerio de Transportes dar urgencia al proyecto de ley que hoy está en el Senado que contempla modificaciones que apuntan a ampliar las aplicaciones de comiso de autos y aumenta las sanciones.

La normativa actual no permite el uso del registro de velocidad efectuado por los dispositivos electrónicos ubicados en las autopistas para cursar una infracción y se requiere de la identificación del conductor para establecer la multa. Asimismo, la ley que prohíbe las carreras clandestinas determina que debe darse en un contexto de competencia evidente; de allí que se proponga sancionar la exhibición riesgosa.

También está pendiente la ley CATI, que crea un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, promulgada en 2023, pero que aún no está vigente. Se espera comience a regir este año tras la implementación del reglamento y la puesta en marcha de la plataforma tecnológica que, mediante cámaras dispuestas a lo largo de la ciudad, permitirá controlar la velocidad sin presencia policial y con el despacho de multas automáticas.

El caso de las carreras clandestinas deja en evidencia deficiencias serias en las normativas que, muchas veces, no están actualizadas o cuyos vacíos impiden la sanción de conductas irresponsables. Evitar espacios donde se establezca una sensación de impunidad es fundamental para el imperio del Estado de Derecho en toda su extensión. Solo así es posible vivir en comunidad.