Las últimas cifras del gobierno de Gabriel Boric han confirmado lo que distintos analistas han planteado por largo tiempo: independientemente del área, la gestión económica de la actual administración emerge como una de las peores en décadas.

Desde el punto de vista ciudadano, la dinámica del mercado laboral da cuenta de un retroceso significativo con alto costo social. Haciendo caso omiso de las críticas y alertas, durante los últimos años el encarecimiento del empleo formal fue un pilar de la agenda de las autoridades económicas que incluyó un aumento desmedido del salario mínimo, una reducción de jornada improcedente, la imposición de nuevos tributos al empleo (por ejemplo, un componente de reparto del nuevo sistema de pensiones) y la judicialización de los conflictos laborales sin precedentes.

Parte de la oposición fue funcional a muchas de las reformas, lo que probablemente explica su fracaso electoral en los comicios de noviembre pasado. Sin embargo, el mayor costo lo ha pagado la ciudadanía. El aumento del desempleo al 8,3% en el trimestre móvil noviembre-enero viene a coronar un récord para el olvido: 37 trimestres móviles con cifras iguales o superiores al 8%. En la actualidad, las personas desempleadas superan las 858 mil, mientras que hace cuatro años no excedían de las 684 mil.

En materia de actividad, el fin del gobierno también da cuenta de una economía que no ha logrado salir de la mediocridad. El Imacec de enero tuvo una variación de -0,1% en comparación con igual mes del año anterior. Minería (-1,0%), Industria manufacturera (-1,7%) y otros sectores que producen bienes (-1,9%), particularmente la actividad agropecuaria-silvícola, mostraron fuertes caídas. Si bien este es un resultado puntual, es consistente con el largo proceso de estancamiento del cual el gobierno de Gabriel Boric es ahora responsable también. En este contexto, no se debe olvidar que su impulso a una transformación de nuestro ordenamiento jurídico-económico, contenido en el fracasado proceso constitucional que promovió y apoyó, fue una fuente de incertidumbre y desincentivo a la inversión. Algo similar ocurrió con su fallida reforma tributaria. Y si bien el proyecto de permisología podría ser considerado un avance, el deterioro institucional y la pérdida de reputación que ha sufrido Chile no son compensados por proyecto alguno que haya impulsado y aprobado esta administración.

La situación fiscal merece un análisis aparte. Tal como lo indica el más reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el gigantesco descalce fiscal de 2025 no fue el resultado de circunstancias extraordinarias, sino simplemente la consecuencia directa de “errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales; a modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos; a la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo, así como a un nivel de gasto que excedió incluso el comprometido en el Acuerdo Marco para la aprobación de la Ley de Presupuestos y, por ende, también el ajustado por medidas administrativas adicionales del primer trimestre”. Así, el análisis forense que hace el CFA de los elementos que explican el histórico déficit estructural de 3,55% del PIB para 2025 es sencillamente demoledor.

Los repetidos incumplimientos de la regla de balance estructural bajo la actual administración, sin que a la fecha existan siquiera consecuencias administrativas para los responsables, debe obligar a repensar la estructura de dicha regla y una nueva gobernanza para evitar que el desdén o la incompetencia técnica le generen costos al país.

En cuanto a la deuda pública, dimensión que es utilizada por el actual gobierno para tratar de mostrar algún logro económico, el informe del CFA es también lapidario. Consistente con los análisis técnicos, el texto indica que la estabilidad de la deuda en torno al 41,7% del PIB no fue producto de una consolidación fiscal, sino principalmente el efecto de un mayor precio del cobre, o tipo de cambio e inflación (pie de página 63 del informe), lo que reduce mecánicamente la razón entre deuda y PIB, aun cuando el stock de deuda no disminuya en términos absolutos. De esta forma, lo que ha sido promocionado como el mayor logro macroeconómico, no parece ser más que el resultado de un ejercicio contable.

Frente a la acumulación de cifras negativas, el gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, enfrenta el desafío histórico de no solo reactivar nuestra economía, reducir el desempleo, retomar la senda de la responsabilidad fiscal, contener la deuda, sino también de recuperar la credibilidad de nuestra institucionalidad económica.