Luego de la saturación que experimentó el debate constitucional, tras dos procesos fallidos, la actual administración ha resuelto insistir, a días de que termine su período, en un proyecto de reforma constitucional orientada a reformar el denominado “sistema político”.

Sin embargo, en el reciente debate legislativo, la discusión terminó por licuarse, sin siquiera haber acuerdo sobre este difuso concepto. Así, más relevante y sano resulta enfocarse —ahora que nos encontramos lejos de la siguiente elección— en el defecto estructural de nuestra forma de gobierno: el sistema electoral vigente, el cual no está diseñado para funcionar eficientemente dentro de un régimen presidencialista.

El desprestigio del Congreso, incluso inmediatamente después de una elección, se explica en parte porque una porción significativa —y en algunos distritos, mayoritaria— del electorado no se ve reflejada en la composición del Poder Legislativo. La implementación de fórmulas artificiales, creadas para dar una aparente representatividad, distorsiona la voluntad popular y termina generando el efecto contrario: disminuye la legitimidad de quienes resultan electos, fragmenta innecesariamente las agrupaciones políticas y debilita la gobernabilidad.

Considerando lo anterior, sorprende que aún no valoremos un pilar central de nuestro diseño constitucional en las últimas cinco décadas: la segunda vuelta presidencial. Desde su instauración, en Chile jamás se ha cuestionado fundadamente la legitimidad de una persona electa a la Presidencia, pues en todos los casos ha contado con el respaldo de más del 50% del electorado. ¿Por qué no trasladar este mecanismo, que ha probado su eficacia y racionalidad, al ámbito legislativo?

La segunda vuelta —o ballotage— fue concebida precisamente para clarificar las preferencias ciudadanas, sin recurrir a complejas reasignaciones predefinidas discrecionalmente ni a porcentajes arbitrarios. Bajo la sencilla y poderosa lógica de que “quien obtiene más votos, gana”, se resuelve la representación con democracia.

Para aplicar este principio al Congreso, bastaría con que avanzaran a una segunda ronda parlamentaria el doble de candidatos que los cupos disponibles, entre quienes obtengan las mayores votaciones en la primera vuelta. Este cambio impactaría positivamente en el respaldo popular del órgano legislador, pues no es lo mismo tener legisladores elegidos con un 30%, 25% o 20% de los sufragios dentro de un distrito, que con apenas un 10%, 8% o incluso menos. Así, se fortalecería la representatividad de ambas cámaras.

Es cierto que este mecanismo podría incrementar de manera marginal los gastos de campaña. Sin embargo, los beneficios superan ampliamente los costos, si se redujera sustantivamente (de 30 a 14 días) el tiempo entre ambas elecciones. Una utilidad adicional sería que, en esta segunda fase, las campañas permiten una mejor alineación de los intereses de los electores con los de los dos postulantes presidenciales que accedan al balotaje. Además, este procedimiento ordena y reduce de forma natural y democrática el espectro parlamentario, evitando la necesidad de crear umbrales arbitrarios y sujetos a permanente sospecha de modificación estratégica de dichos límites.

De esta manera, nunca más en nuestro país se elegiría a un parlamentario con menos respaldo que otro competidor que haya recibido más votos, dentro de un distrito. Asimismo, se robustece la gobernabilidad, el apoyo ciudadano para quienes asumen la responsabilidad de legislar, se consolida una coherencia y adhesión insuperables dentro de un modelo de democracia constitucional genuina, donde la legitimidad de los representantes resulta incuestionable, respondiendo efectivamente a la voluntad popular.

Rodrigo Delaveau Swett
Profesor de Derecho Público