La polémica por el cable chino ha generado un cortocircuito a nivel político, reflejado en el explícito corte de las relaciones entre el Presidente Gabriel Boric y el Presidente electo José Antonio Kast.

Este episodio da cuenta de que la tensión entre las grandes potencias inevitablemente repercutirá sobre la realidad nacional, tensión que se acrecienta cuando el manejo de asuntos delicados como este es desprolijo y poco profesional, como ha quedado claro.

La seriedad del asunto, y la casi certeza de que este conflicto geopolítico seguirá ejerciendo presión sobre países emergentes como Chile, hace necesario elevar el nivel de profesionalismo en la manera en la cual el Estado de Chile enfrenta este tipo de dilemas.

La negociación bilateral con poca transparencia y sin mayor información es fuente inevitable de conflicto y de corrupción, ya que grandes inversiones quedan al alero de decisiones de burócratas sin mayor rendición de cuenta.

La mejora de la gestión de los gobiernos es necesaria, pero puede ser insuficiente para enfrentar desafíos de esta complejidad, cuyo alcance no es solo económico sino también geopolítico.

Por ello, mejorar la institucionalidad parece ser necesario, por ejemplo, a través de la instauración de un consejo que realice un screening de inversiones extranjeras —bajo criterios objetivos y que estén definidos ex ante— que pueda definir criterios y análisis que permitan compatibilizar la necesaria apertura a la inversión extranjera con la cautela de la seguridad nacional en áreas donde la regulación local o sectorial no sea suficientemente robusta para incorporar estos criterios.

De esta manera, decisiones como las de la concesión del cable, o muchas otras, deberán no solo pasar por un filtro adicional, sino además estar sujetas a una revisión de carácter preventivo que incorpore la seguridad como un elemento a considerar.

La relación con China, en un contexto donde la presión de Estados Unidos sobre la región ha aumentado a raíz de su política estratégica de Seguridad Nacional, debe ser cautelada a través de un trato justo y equitativo en las relaciones comerciales y en las inversiones.

Ello no obsta para que, en la circunstancia actual, nuestro país pueda establecer criterios adicionales en la presencia de inversionistas extranjeros que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional.

Estos esquemas existen en otros países, y bien diseñados, permiten cautelar los intereses del país y, al mismo tiempo, entregar a los inversionistas extranjeros claridad sobre las reglas de las inversiones.