La “motosierra” de Milei para modificar el funcionamiento del Estado argentino, incluidas las regulaciones y rigideces legales que actuaban como un pesado lastre al progreso del país, ha dado un nuevo paso con la reforma laboral recientemente aprobada en el Senado por 40 votos a favor y 30 en contra.

Luego de atacar con fuerza el déficit fiscal, logrando eliminarlo, y de esa manera avanzar en el control de la inflación a niveles manejables, el gobierno anunció que los siguientes pasos incluían tres reformas emblemáticas, indispensables para sacar a la Argentina de su letargo para aprovechar el enorme potencial de su capital humano: una reforma tributaria, una reforma de pensiones y una reforma laboral.

La ley laboral vigente otorgaba gran protección al trabajador, con rigideces que no solo encarecían el costo de la mano de obra, sino que dificultaban su contratación y despido con la flexibilidad que requiere el trabajo moderno. El núcleo del derecho laboral argentino estaba regido por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, caracterizada por un sistema amplio de derechos laborales y protecciones al trabajador. Entre ellos estaba el que las vacaciones pagadas variaban entre 14 y 35 días según la antigüedad, y había un pago obligatorio de un aguinaldo equivalente a un decimotercer salario pagado en dos cuotas al año. Asimismo, la ley reconocía la negociación colectiva y a los sindicatos como actores centrales de las condiciones laborales, con indemnizaciones por año de servicio en caso de despido, y muchas dificultades para lograr ese despido.

La reforma propuesta permite extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, permitiendo que la jornada laboral se calcule por períodos mensuales o anuales, para distribuir en el tiempo el máximo de horas legales con mayor flexibilidad. Se facilita la utilización de modalidades alternativas en los contratos, como los que tienen los trabajadores de plataformas digitales, y se modifican los términos para el cálculo de la indemnización por años de servicio para reducir su monto, creándose un Fondo de Asistencia Laboral con aportes del empleador como mecanismo alternativo a la indemnización. A su vez, esta se podrá pagar en cuotas con plazos flexibles. Se elimina la obligación de descontar la cuota sindical para todos los trabajadores de manera solidaria, se reduce el rol de la negociación sectorial o nacional, y se introducen límites en el derecho a huelga, incluyendo la obligación de garantizar servicios mínimos en sectores calificados como esenciales.

Como todo ello reduce el poder político que hasta ahora han tenido los sindicatos, y, especialmente, las federaciones de sindicatos —su poder indirecto a través de los llamados “piqueteros”, que paralizaban actividades y sectores del país, ya había sido fuertemente disminuido por la firmeza con que ha actuado la autoridad cuando lo han intentado—, sus dirigentes han reaccionado con llamados a huelgas nacionales. Estas han tenido resultados dispares, sugiriendo que el desprestigio a que se han hecho acreedores sus dirigentes, cuyos privilegios y estilos de vida resultan incomprensibles para el trabajador común, y el hecho de que la economía argentina bajo el esquema anterior no condujo al bienestar de la población, están abriendo brechas en la tradicional fuerza monolítica del mundo laboral, y estarían permitiendo que el país avance hacia una legislación del trabajo moderna que dinamice la economía, la productividad de los trabajadores y mejore sus salarios.

El sistema laboral argentino, construido a mediados del siglo pasado bajo el peso del peronismo, suponía que la economía operaba fundamentalmente a través de grandes masas fabriles, algo que la actual economía del conocimiento ha superado ampliamente. Ese antiguo esquema está finalmente cediendo ante la fuerza política que ha logrado imponer Milei a sus reformas, y puede ser la antesala de un resurgir de su economía, otrora considerada entre las más avanzadas del mundo.