Es una mala noticia el quiebre producido a solo días del cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y su sucesor, José Antonio Kast. No solo rompe una tradición republicana de genuina colaboración y cortesía en el proceso de traspaso del poder que por décadas nos ha distinguido como país en América Latina, sino que sobre todo contribuye a la polarización y presagia un clima de más confrontación política.

Naturalmente la mayor responsabilidad en lo sucedido la tiene el Presidente Boric, por la evidente falta de transparencia, notable ineptitud y contradicciones mostradas por su Gobierno en esta y otras situaciones. A ello se agrega la permanente estrategia de esta administración de procurar sacar pequeñas ventajas en política interna recurriendo a materias que comprometen nuestras relaciones internacionales. Lo ocurrido con la forma en que se ha llevado la controvertida candidatura de Bachelet a la ONU es una buena prueba de esto último. Con el cable entre China y Chile ha habido una estrategia política similar: querer trasladar a Kast toda la presión para que tome una decisión en un sentido —invocando interesadamente el patriotismo y la defensa de la soberanía—, táctica que solo ha perdido fuerza cuando la opinión pública se enteró por este diario de que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones había firmado previamente un decreto otorgando la concesión y que luego, por advertencias de autoridades norteamericanas, se había anulado bajo el risible argumento de “error técnico o en su tipeo”.

La falta de transparencia y contradicciones producidas en este caso recuerdan otros episodios bochornosos de este gobierno, los que tienen como punto común que en el centro de ellos ha estado involucrado el Presidente Boric, sea porque detonó personalmente el problema o teniendo los antecedentes no supo enfrentarlos con la debida claridad profundizando así la crisis. Fue lo ocurrido, por ejemplo, en el caso de los indultos a los llamados “presos de la revuelta”, en que la ciudadanía aún no puede saber si el Presidente de la República conoció o no los nutridos antecedentes penales de algunos de los beneficiados (en su momento, la ministra Vallejo dio a entender lo segundo, pero desde entonces no hubo más clarificaciones). Algo similar ocurrió con la fallida compra de la casa de Allende o en el llamado caso Monsalve, el que solo se da a conocer a la opinión pública una vez que se publicó un artículo en La Segunda. De hecho, la opacidad con que se manejó en los días iniciales la denuncia de violación, no informando ni siquiera a la ministra de la Mujer, produjo una fractura perceptible al interior del gabinete, y comprometió en parte significativa la imagen que buscaba transmitir de ser un gobierno feminista.

Ayer la ministra Vallejo con oportunismo aprovechaba la crisis para sacar dividendos políticos, lo que da cuenta de que no existe un genuino interés de parte del Gobierno en retomar el diálogo. “Esperamos que tras el reconocimiento que hace el Presidente electo de que el Presidente de la República ha dicho la verdad haya un cambio de actitud, un cambio de tono”, fue una de sus desafortunadas frases que lo que hacen es poner cuesta arriba cualquier acercamiento.

Con todo, queda abierta la interrogante acerca de si era necesario o no que Kast llegara a este extremo y diera por terminado todo el proceso de traspaso con el gobierno saliente. Pareciera haber mejores razones para seguir juntándose y recibir las informaciones de las autoridades. Siempre habrá después tiempo para contrastar los hechos y advertir las omisiones e irregularidades que puedan detectarse. Más todavía si se ha tomado la correcta decisión de encargar una serie de auditorías en diversas materias, una vez que asuman el gobierno. De otro lado, en áreas como seguridad —piénsese en el día del cambio de mando— difícilmente puede descartarse una coordinación entre las partes.