Lo más sorprendente del affaire del “cable chino” es que las autoridades se hayan sorprendido. Las sanciones se veían venir a kilómetros de distancia. Bastaba estar al día en la lectura de diarios y revistas, y escuchar los comentarios en los pasillos diplomáticos para saber que existía una altísima probabilidad de que varias visas fueran revocadas.

Nada de lo ocurrido puede calificarse como inesperado. Desde su instalación, la administración Trump anunció —sin ambigüedades— que reactivaría la Doctrina Monroe con todos los corolarios que ha tenido a lo largo de sus más de doscientos años. En su versión contemporánea, ello implica una vigilancia estricta sobre el hemisferio occidental, una sensibilidad extrema frente a la presencia de potencias consideradas adversarias y una disposición clara a reaccionar cuando Washington percibe amenazas a su seguridad, en particular en ámbitos como la ciberseguridad, la infraestructura crítica y las telecomunicaciones.

En diciembre pasado, la Casa Blanca publicó su Estrategia de Seguridad Nacional. El documento no deja espacio para interpretaciones creativas: para EE.UU. el hemisferio occidental es un espacio prioritario y debe mantenerse libre de interferencias que puedan comprometer intereses estratégicos del país del norte. China aparece mencionada explícitamente como un actor cuya presencia genera preocupación cuando se trata de redes críticas, cables submarinos, puertos y sistemas de transmisión de datos. Quien haya leído ese texto con un mínimo de atención sabía que proyectos como el llamado “cable chino” estaban destinados a ser examinados con lupa.

A ello se sumaban antecedentes muy recientes. En 2025, hace menos de un año, Estados Unidos revocó las visas al expresidente de Costa Rica Óscar Arias, a la vicepresidenta en ejercicio y al presidente del Congreso. La medida se produjo tras una visita de Marco Rubio a San José, durante la cual expresó abiertamente la preocupación de Washington por la cercanía del gobierno costarricense con China en materias de ciberseguridad e infraestructura estratégica. No fue un gesto aislado, sino una señal inequívoca de una política en curso. Pensar que Chile estaba inmune a ese tipo de decisiones fue, en el mejor de los casos, un acto de ingenuidad.

Eso no era todo. Existían otros antecedentes claros que anticipaban la posición de Estados Unidos respecto de áreas estratégicas sensibles: el veto a Huawei, las presiones para forzar la venta de TikTok y las objeciones a la presencia de empresas chinas en el Canal de Panamá.

La reacción del gobierno chileno frente al episodio del cable ha sido decepcionante. Las explicaciones entregadas han sido pobres, incompletas y, en ocasiones, contradictorias. Más grave aún ha sido la secuencia de desmentidos.

No se trata solo de un problema comunicacional, sino de una falla de gestión política. Y lo más preocupante es que esta vez el daño no se limita a áreas donde existía desconfianza previa, sino que alcanza a la Cancillería y a un ministro que gozaban de buena reputación.

En todo este asunto es imposible eludir la responsabilidad institucional. En el Ministerio de Relaciones Exteriores existe una Dirección de América del Norte, Centroamérica y el Caribe cuya misión es precisamente monitorear y analizar los desarrollos políticos en Estados Unidos y su entorno inmediato. Esa unidad debió haber advertido con claridad a los ministros y altos funcionarios involucrados en decisiones sensibles para Washington sobre los riesgos de eventuales sanciones. Si esa advertencia no se hizo —o no se hizo con la contundencia necesaria—, estamos frente a una negligencia grave. Cuando la Cancillería falla en su rol preventivo, el costo lo paga el país completo.

Algunos han criticado al embajador estadounidense Brandon Judd, acusándolo de injerencia. Esa lectura peca de ingenuidad histórica. Estados Unidos ha sido consistentemente claro desde 1823: respeta formalmente la soberanía de los países, pero reacciona cuando considera que sus intereses estratégicos están siendo lesionados. Las palabras de Judd recuerdan notablemente lo que Richard Nixon le dijo al embajador chileno Domingo Santa María en diciembre de 1970: Chile es soberano y puede hacer lo que desee, pero si daña intereses vitales estadounidenses y no compensa adecuadamente a las compañías expropiadas, habrá consecuencias.

Finalmente, conviene despejar algunas fantasías. El programa de Visa Waiver no se va a cancelar. Estados Unidos no actúa de manera impulsiva en asuntos que también le reportan beneficios y le da una señal al resto de la región.

Sebastián Edwards