La captura del líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, quien más tarde murió en el traslado al hospital y desató una ola de violencia, se efectuó en un idílico lugar turístico, un establecimiento signado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya en 2015 como un lugar vinculado a los narcotraficantes, pero eso no era obstáculo para que siguiera funcionando como un destino normal de vacaciones. En el pueblo de Tapalpa, su alcalde aseguró que no sabía que el “country club” era refugio de “El Mencho”, pero los lugareños reconocen que para nadie era un misterio que la tranquilidad reinante se debía a que los narcos controlaban todo y que la estabilidad se debía a una “retirada táctica” de las autoridades, que querían evitar cualquier amenaza de violencia, según reportajes internacionales.

No se puede comprobar esta versión, sin embargo, no cabe duda que la magnitud del negocio —los carteles mueven miles de millones de dólares al año—, el uso de la violencia como método habitual de “persuasión”, la extorsión a productores y empresarios y los sobornos y amenazas para limitar la acción de policías y autoridades elegidas (en las elecciones de 2024, más de 30 candidatos fueron asesinados) son las razones probables para que las organizaciones criminales —dedicadas no solo a la droga y negocios ilícitos, sino también con presencia en negocios legales— no sean desarticuladas y hayan expandido sus tentáculos casi a todo el territorio mexicano.

Si los principales carteles son una decena, los expertos estiman que otros 140 pequeños grupos delinquen con métodos similares. De acuerdo a ciertos estudios, los carteles en su conjunto son el tercer empleador en México, más atrás de la embotelladora de Coca Cola y de Walmart, con unos 183 mil mexicanos trabajando para ellos.

Considerando este escenario, y que el consumo de drogas sigue en aumento, se comprende que la tarea de acabar con los grupos delictivos de este tipo o simplemente controlar sus actividades criminales es una labor titánica. La estrategia militar, implementada por diversos gobiernos mexicanos desde 2006 y recomendada por Estados Unidos, es necesaria, pero no suficiente para tener éxito. Cuando cae un líder, hay muchos que quieren ocupar su lugar, se desata la guerra de sucesión y se reacomodan los carteles, porque el negocio sigue siendo lucrativo, a pesar del alto riesgo.

Estrategia de Claudia Sheinbaum

Cuando Manuel Andrés López Obrador llegó a la Presidencia, en 2018, revirtió la “guerra contra el narco” de los gobiernos anteriores y propuso una estrategia de “abrazos y no balazos”, que suponía atacar lo que consideraba las causas profundas del narcotráfico, es decir, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes, y en paralelo dialogar con los grupos criminales. Resultó un fracaso que debió reconocer a mitad de su mandato, presionado por EE.UU., que exigía la captura de los líderes narcos, más decomiso de droga y la destrucción de los laboratorios que producen las drogas sintéticas.

En 2019, la detención de Ovidio Guzmán provocó una ola de violencia en Sinaloa que obligó a AMLO a liberarlo. No es raro que acusados de narcotráfico queden libres por presiones o amenazas, bajo el pretexto de que hubo “fallas procesales”, pero en el caso de Guzmán, volvió a ser capturado y extraditado a Estados Unidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reconoce como una continuadora de la obra de AMLO; sin embargo, llegó al cargo, en 2024, con una visión menos romántica del combate al crimen y con una experiencia exitosa en la reducción de la delincuencia cuando fue alcaldesa de la Ciudad de México. Y si ella tenía preocupación por la seguridad, esto se reforzó con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, desde donde ha amenazado con enviar militares e imponer nuevos aranceles si el gobierno mexicano no actúa con más resolución.

Desde el inicio de su sexenio, Sheinbaum ha mostrado firmeza para implementar una estrategia que utiliza todos los recursos del Estado, incluidos los militares, y en su primer año obtuvo buenos resultados. De acuerdo con las estadísticas oficiales (que algunos dicen infladas), la tasa de homicidios se redujo en 32%, hubo 35.817 detenciones por delitos de alto impacto, se decomisaron 18.274 armas de fuego, 288 toneladas de droga y se desmantelaron 1.597 laboratorios de drogas.

Es evidente que las amenazas de Trump influyeron para que la Presidenta adoptara una ofensiva más agresiva contra los carteles. Ante las primeras advertencias, ella ordenó el despliegue de 10 mil efectivos en la frontera norte, para lidiar con el tráfico de drogas, pero también de personas, otro de los asuntos que complican las relaciones bilaterales con EE.UU. Según Trump, ahora hay cero cruce de ilegales desde México.

Lo más notable de la reacción mexicana a las amenazas de Trump fue la rapidez con que han apresado a varios criminales perseguidos por años, y sobre todo, la facilidad con que se han entregado delincuentes solicitados largamente por la justicia de EE.UU. Han sido más de 100 los extraditados en un año, 37 de ellos el último mes. En algunos casos se dice que no hubo un proceso normal de extradición, pero quedó demostrado que cuando hay voluntad política, se encuentran fórmulas para resolver estos complicados asuntos. Sheinbaum ha mostrado capacidad para manejar las difíciles relaciones con Trump, aceptando la colaboración de EE.UU., pero enfatizando el resguardo de la soberanía nacional.