El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está apresurando la implementación de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, lo que podría causar serias molestias al público y reducir los ingresos de muchos conductores de aplicaciones de transporte a tiempo parcial.

Se trata de una mala ley para resolver un problema inexistente. ¿Cuántas quejas se han visto en la prensa, durante los últimos años, contra las empresas de aplicaciones de transporte? La legislación fue impulsada en su momento por el lobby de taxistas, la mayoría de los cuales ha terminado afiliándose a empresas de aplicaciones por sus ventajas.

Como han advertido los observadores, los efectos sociales serán importantes. Los conductores a tiempo completo probablemente cumplirán las condiciones, porque la alternativa es cambiar de oficio. Los que tendrán problemas con la ley son aquellos de tiempo parcial, ya sea porque no han obtenido la licencia profesional (que tiene un costo no menor) o porque sus vehículos exceden el límite de antigüedad requerido o no poseen la cilindrada mínima. Solo en el caso de Uber, este tipo de conductores representa el 75% de los casi 250 mil de la empresa.

Una disminución en la cantidad de trabajadores parciales podría traducirse en un incremento en el precio del servicio a los usuarios y en una menor disponibilidad de autos, ya que estos conductores parciales actúan como reguladores de la oferta, aumentando su presencia en las horas de más demanda, porque suben las tarifas de los viajes. Los usuarios —de todos los grupos sociales— se han habituado a un servicio rápido, cómodo y probablemente más seguro que los taxis convencionales.

La entrada en vigor de la ley se ha visto retrasada por una lenta aprobación del reglamento y por tres licitaciones del sistema informático requerido por la legislación que resultaron fallidas. Solo la cuarta tuvo efecto, en febrero. Transportes adjudicó a una consultora nacional la responsabilidad de desarrollar el sistema que permitiría soportar el registro de las empresas, conductores y vehículos, entre otras medidas. Sin embargo, desde Uber han manifestado su preocupación, ya que temen que la legislación entre en vigor con un reglamento aún no promulgado y cuya implementación puede demorar varios meses.

El Ministerio ha argumentado que se han hecho ajustes y flexibilidades al reglamento, por ejemplo, separando el registro de los choferes del registro de los automóviles y permitiendo que los conductores registrados en una región puedan trabajar en otras regiones. Son cambios aparentemente positivos, pero que no parecen suficientes para evitar los efectos dañinos de esta ley.