Con el inicio del año escolar comienza a regir la Ley N° 21.801 que, a través de una modificación de la Ley General de Educación, prohíbe y regula el uso de los teléfonos celulares (y otros dispositivos electrónicos) en los establecimientos escolares del país. Se prohíbe totalmente su uso en la educación parvularia, mientras que en los niveles básico y medio se admiten cinco excepciones específicas. La más relevante, quizás, es la que permite su uso para actividades pedagógicas planificadas, las que, en todo caso, deben ser autorizadas por los directores de los planteles escolares (las demás incluyen los casos en que el teléfono es requerido para apoyar a un niño con necesidades educativas especiales, condiciones de salud, emergencias o seguridad). La prohibición y regulación rige para toda la comunidad educativa, algo que es indispensable para darle sustento social a esta decisión legislativa. En caso contrario, asegurar su cumplimiento se torna más complejo.

Son diversos los países que han avanzado en esta dirección en respuesta a los efectos perversos que ha generado en las salas de clases el acceso a celulares. Hace muchos años que se postulan positivos efectos sobre los aprendizajes asociados a la incorporación de tecnología en la sala de clases. Sin embargo, la evidencia que proviene de diversas investigaciones arroja un manto de duda sobre esas predicciones iniciales. Dichos impactos no parecen estar manifestándose con claridad. En el caso particular de los celulares, hay evidencia causal que sugiere más bien efectos negativos. Estos ocurren a través de distintos canales que van desde distracción en la sala de clases hasta ciberacoso.

Su interacción con las redes sociales ha generado, además, síntomas de depresión y ansiedad en la adolescencia temprana, con más fuerza en las mujeres. El sentimiento de soledad de los jóvenes de 15 años, reportado por PISA, registra un aumento significativo en Chile desde 2012. Otros países han vivido una experiencia similar y no se puede descartar en este fenómeno el uso cada vez más masivo de los teléfonos inteligentes. De ahí la preocupación que existe en distintas regiones del mundo por este asunto.

Si bien esta ley comienza a regir con el inicio del año escolar, los colegios tienen hasta el 30 de junio para adaptar sus reglamentos a este nuevo marco institucional. En sus inicios no hay que descartar dificultades para implementarlo, sobre todo porque están bien estudiadas las dificultades que tienen los niños y adolescentes para desprenderse de sus celulares, pero en la medida que se persevere en la iniciativa ella se irá consolidando.

La experiencia preliminar de países que iniciaron estas prohibiciones antes que Chile es positiva y las resistencias iniciales se superaron al corto andar. Ayudará también el hecho de que hay un fuerte apoyo político y social a esta medida. El único riesgo es que las excepciones contempladas en la ley se generalicen y la medida pierda, por tanto, efectividad.