La semana pasada en Davos, Larry Fink —jefe de BlackRock— entrevistó a Elon Musk. La conversación en el World Economic Forum fue una inmersión en la mente del industrial más disruptivo del siglo XXI: inteligencia artificial, robots, energía solar, cohetes. Musk dijo muchas cosas, entre ellas, que muy pronto la innovación y la tecnología permitirán generar abundancia sostenible para todos.

Aunque a ratos el diálogo parece de ciencia ficción, lo que plantea Musk es la versión con esteroides de un debate intelectual más profundo que toma fuerza en universidades y centros de estudio: los llamados Estudios del Progreso y la agenda de la abundancia.

En un influyente artículo en The Atlantic, el economista Tyler Cowen y el empresario tecnológico Patrick Collison hicieron un diagnóstico incómodo: las sociedades avanzadas no han dejado de innovar por falta de ideas, sino porque han perdido capacidad de convertir el saber en progreso material sostenido. El problema no es la escasez de talento o tecnología, sino la acumulación de frenos institucionales: burocracia, regulaciones, sistemas donde es más fácil bloquear que construir.

Para Cowen y Collison, el progreso no es una ideología. Es la combinación de avances científicos, tecnológicos, económicos e institucionales que mejoran de manera sostenida el bienestar humano. Progreso es producir más bienes y servicios valiosos, de forma más barata, limpia y accesible para todos.

De ahí nace la agenda de la abundancia. Es la traducción política de responder una pregunta simple: después de años concentrados en frenar y repartir, ¿no llegó el momento de volver a preguntarnos en serio cómo producir más? Abundancia no como exceso, sino como condición básica para el desarrollo, la estabilidad democrática y la cohesión social.

Y es que el malestar en las democracias liberales no se explica solo por conflictos culturales o identitarios. Tiene un trasfondo económico: crecimiento lento, pérdida de empleos de calidad, salarios estancados y una sensación extendida de que el futuro ofrece menos oportunidades. Según Martin Wolf, del Financial Times, si la democracia está en problemas, es en parte por sus fracasos económicos. Democracia liberal y capitalismo deben salvarse juntos. Si la democracia no entrega progreso, su futuro se ve amenazado.

La agenda de la abundancia ha atraído incluso a sectores progresistas que, tras años de buenas intenciones inconducentes, buscan una vía para reconciliar ambición social y ambiental con capacidad de ejecución. El libro superventas del progresista Ezra Klein, “Abundance”, ha sintetizado y masificado el alcance del concepto central. No se trata de abandonar objetivos sociales, sino de tomarse en serio las condiciones materiales que los hacen posibles. Cuando no se construye suficiente vivienda, solo acceden a ella los más ricos; cuando no se expande la energía, la vida cotidiana se encarece; cuando no hay infraestructura ni capacidad productiva, los costos erosionan los salarios. Ni se trata de olvidar el medio ambiente: los desafíos en ese frente también pasan por construir más plantas solares y eólicas, líneas de transmisión, minas de cobre y litio, y así.

La idea tiene tracción política más allá de Estados Unidos. En el Reino Unido hay una suerte de bancada transversal de la abundancia empujando reformas para destrabar vivienda, energía e infraestructura. La lógica es compartida: menos retórica y más capacidad de construir.

En el centro de esta agenda hay una enfermedad común que muchos países solo enfrentan cuando es tarde: la vetocracia, sistemas donde casi todos pueden frenar y casi nadie puede ejecutar. Permisos superpuestos, regulaciones que se acumulan, judicialización preventiva, burocracias que se blindan. Reglas que nacieron para evitar abusos terminan bloqueando el progreso, elevando costos y premiando la inercia.

Este movimiento no es anti-Estado. Es antiparálisis. Propone un liberalismo que construye: reglas claras y exigentes, pero diseñadas para avanzar; Estados competentes en su rol, y empresas que compiten por innovar y escalar. Menos energía en administrar escasez y repartir, y más en expandir posibilidades.

En un siglo XXI marcado por la transición energética, la revolución tecnológica y la reorganización del orden global, Chile tiene recursos naturales abundantes y ventajas comparativas extraordinarias que podrían transformar su matriz productiva.

Ese cambio de paradigma solo será posible si los chilenos comprenden que pueden ser parte activa de ese progreso y beneficiarse de él. Y ahí la política, la sociedad civil y la academia tienen un rol central para instalar en Chile esta nueva mirada sobre el desarrollo.

La pregunta de fondo es si seguiremos administrando las tensiones de una vetocracia de la escasez o nos atreveremos a construir abundancia sostenible para todos.