Próximo a cumplir 13 años de tramitación ambiental, el proyecto Dominga —una mina de hierro en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo, que incluye además un terminal portuario para exportar el mineral— aún no logra aclarar de manera definitiva el estatus ambiental en el que se encuentra. Ello, producto del reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Esta anuló la última resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que, a su vez, había invalidado la resolución del Comité de Ministros que rechazaba el proyecto. De esa manera y mientras la propietaria del proyecto, Andes Iron, define sus próximos pasos legales, Dominga vuelve a la situación anterior, esto es, a estar rechazada por el Comité de Ministros.

Este proyecto se ha transformado en un caso emblemático, no solo por lo prolongado de las disputas legales entre la empresa y los grupos ambientalistas que se oponen a él, sino también porque su discusión pública fue contaminada políticamente desde el inicio. En efecto, como el proyecto era liderado por el grupo Penta y uno de sus inversionistas minoritarios era Sebastián Piñera, pero, además, como Michelle Bachelet había adquirido un terreno en las cercanías a título personal, eso permitió incrustar en la discusión ambiental supuestas influencias políticas indebidas, de un lado y de otro, que solo han servido para complejizar su tramitación.

En el inicio, el proyecto recibió la aprobación de los organismos técnicos regionales. Sin embargo, esa aprobación fue luego revertida por los representantes políticos del Ejecutivo en la región (durante el segundo gobierno de Bachelet), y luego, después de que el propio gobierno citara sorpresivamente al Comité de Ministros, de un viernes a un lunes, para pronunciarse respecto de este. Eso provocó la renuncia del gabinete económico de la Presidenta, opuesto al procedimiento utilizado. Aun así, el Comité de Ministros sesionó y rechazó el proyecto. Luego, y producto de los reclamos judiciales a lo obrado por parte de la empresa, la justicia decretó que la tramitación debía retrotraerse a etapas anteriores. Como consecuencia de ello, en 2021, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó la iniciativa. Pero nuevamente, el Gobierno, esta vez presidido por Boric, llevó el caso al Comité de Ministros, el que por segunda vez se pronunció en contra. A continuación, el Primer Tribunal Ambiental objetó con dureza esa decisión, advirtiendo de arbitrariedades en la decisión, ordenándole volver a revisar su decisión conforme a ciertos criterios y ajustarse a lo fallado. Como los ministros no siguieron esos criterios y se pronunciaron nuevamente en contra, el Tribunal volvió a cuestionarlos y les ordenó ajustarse a su fallo. El Gobierno apeló de ello ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, cuyo fallo se acaba de conocer.

Como se ve, casi todas las instancias técnicas han validado el proyecto y, sin embargo, las instancias políticas lo han rechazado. Ilustra lo anterior el hecho de que Gabriel Boric, en la noche en que fue electo Presidente, proclamara en su discurso a voz en cuello, como una arenga y un símbolo de lo que sería su gobierno, un “¡No a Dominga!”, como si eso fuese lo que había que hacer con independencia de las opiniones técnicas de las autoridades ambientales.

Por su parte, las objeciones ambientales que el proyecto ha recibido se refieren al posible efecto que este tendría sobre los pingüinos Humboldt y las ballenas que recorren la zona, a pesar de que puertos instalados con anterioridad en las cercanías de Dominga, operando con muchas menos precauciones y tecnología que las que incorporaría Dominga en la actualidad, no provocaron el daño que sus detractores hoy anuncian.

Lo prolongado, enrevesado y tramitado que ha resultado este procedimiento, ha puesto a prueba la institucionalidad ambiental. Es de esperar que su resolución no se prolongue más allá del próximo período presidencial.