El 70% de los alcaldes de la Región Metropolitana, es decir, 36 de un total de 52, ha recibido amenazas. Entre ellos, 17 alcaldes han sido amenazados de muerte en forma explícita o mediante el envío de coronas de flores u otros mensajes del mismo estilo, siete de los cuales se encuentran con protección policial. Estas cifras salieron a la luz luego de que la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), revelara que bandas de narcotraficantes ofrecieron $100 millones por su cabeza.

Los expertos advierten que estas intimidaciones no solo pueden provenir de sofisticadas bandas criminales con alcance internacional, sino también de agrupaciones delictuales menores, que buscan incrementar su prestigio en el hampa. Como sea, los números son elocuentes y trasuntan una realidad que forma parte de la cotidianidad en Santiago y algunas regiones. Más allá de las estadísticas y de la ingente producción legislativa de los últimos años, que incluye un deterioro de las garantías ciudadanas y marcados rasgos de populismo punitivo, el país sigue experimentando día a día las consecuencias de un despliegue de actividad criminal sin precedentes.

La tarea de las próximas autoridades es desafiante, en especial porque parece no existir consenso en torno a una de las principales causas del fenómeno, la inmigración descontrolada. Tras la obviedad de que la inmigración en general es un fenómeno positivo, sobre todo en un país como Chile que posee un inmenso territorio y una población cada vez más envejecida, se esconde la realidad de que un gran número de personas con antecedentes penales en sus respectivos países han ingresado a Chile para delinquir o han terminado haciéndolo como consecuencia de la defraudación de sus expectativas. Identificar este problema, dimensionarlo y concordar mecanismos de solución con una futura oposición que desde el Gobierno ha estado poco disponible para hacerlo, no será tarea fácil. Y, sin embargo, atacar las principales causas del problema es la única manera de llegar a resolverlo.

Por otro lado, la proliferación y despliegue del crimen organizado solo podrán evitarse si se encuentran y aplican fórmulas novedosas. Insistir en las políticas y programas que no han funcionado, salvo cuando se trata de iniciativas que por definición son de largo plazo, es el camino más corto hacia el fracaso. Entre las muchas tareas pendientes se encuentra, en este sentido, una renovación radical del sistema de cumplimiento de las penas de cárcel y de las instituciones encargadas de su gestión.

En lo que respecta específicamente a las amenazas contra autoridades, parece una medida elemental consultar la experiencia de otros países en los cuales este fenómeno se presenta desde hace tiempo. Italia, Colombia y México, para mencionar solo tres ejemplos notorios, tienen mucho que enseñarnos al respecto, ya que es posible aprender tanto de las experiencias positivas como de aquellas que no han dado los resultados esperados.

De igual manera, y en sintonía con los expertos en la materia, resulta evidente la importancia de visibilizar estas amenazas en lugar de ocultarlas y hacer como si no existieran para evitar una publicidad negativa. El conocimiento público del problema facilita la coordinación entre las instituciones y permite que los ciudadanos tomen conciencia de la necesidad de reaccionar con firmeza ante cualquier manifestación de la criminalidad, desde la compra de productos prohibidos o robados hasta la tolerancia ante la ocupación de inmuebles o ciertas manifestaciones de control territorial.

El combate contra la delincuencia y el crimen organizado solo será exitoso en la medida en que cada persona, en su propio ámbito y en el marco de la ley, contribuya a él. La información confiable es una condición esencial para ello.