Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, y su impacto en Latinoamérica, suponen para países como el nuestro uno de sus mayores desafíos internacionales de las próximas décadas. De cómo nuestra diplomacia pueda abordar esta materia —con profesionalismo, seriedad y consistencia en el tiempo— depende parte importante de las posibilidades de desarrollo. De ahí que no cabe sino lamentar la degradación que ha sufrido nuestra política internacional durante este Gobierno, en que una y otra vez se ha pretendido utilizarla para sacar ventajas en política interna o darse gustitos ideológicos o personales.

Lo sucedido con el proyecto de cable submarino entre China y Chile, ya al cierre de esta administración, grafica ese deterioro sufrido, incluyendo un profundo daño a la credibilidad de las autoridades. Este caso, quizá como ningún otro, ha dejado en evidencia falta de transparencia, omisiones de información relevante, medias verdades y notorias contradicciones entre distintos funcionarios de gobierno, o entre lo que dice una misma persona en un momento u otro, aunque solo haya horas de diferencia entre las declaraciones.

Y es que no resulta creíble que sostengan que se hayan visto “sorprendidas” por las sanciones, en circunstancias de que por años este ha sido un tema particularmente sensible para EE.UU. —de hecho, Piñera prefirió no continuar en un proyecto similar con China—, y ante el avance del proceso en las últimas semanas, distintos funcionarios de gobierno fueron advertidos por autoridades norteamericanas de lo que podía ocurrir. De hecho, el propio ministro de Transportes y Telecomunicaciones confirmaría después que el embajador de EE.UU. en una reunión “le había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”.

Más graves todavía son las contradicciones y omisiones sobre el estado del proceso de concesión solicitada. Si el primer día de conocidas las sanciones el canciller sostuvo que “el proyecto que ha sido presentado por estas empresas chinas es un proyecto que está en una fase sumamente inicial y no ha sido objeto de decisión alguna”, el subsecretario de Telecomunicaciones sostendría con posterioridad que el proceso de autorización estaba en la “recta final”, a solo semanas de terminar. Finalmente, ayer, “El Mercurio” publicó un antecedente relevante, que pese a las distintas conferencias de prensa y entrevistas ninguna autoridad había mencionado: el ministro Muñoz había aprobado, el 27 de enero de este año, la concesión de cable submarino entre Chile y China, la que se había anulado a los dos días (por razones de “error técnico o tipeo”, según dice el documento).

Solo después de que el lunes en la tarde este diario le hiciera saber al ministro Muñoz que se tenía copia del decreto anulado —al constatarlo nos dio una respuesta, reconociendo la veracidad del mismo y sostuvo que “la firma del decreto fue anulada para recabar más antecedentes”— daría rápidamente una entrevista en TVN, en que sin que se le preguntara directamente sobre ello, y visiblemente nervioso, diría que “este es un decreto que ya en un momento determinado estaba listo para mandarse a Contraloría y habíamos avanzado bastante, y que consideramos que a la luz de los antecedentes que nos hizo llegar la embajada, valía la pena volver atrás y empezar a hacer un análisis mucho más profundo de algunas dimensiones del proyecto”.

Conocido ahora lo relatado queda de manifiesto también el aprovechamiento político que ha querido darle el oficialismo a este episodio. Una y otra vez se ha buscado centrar la presión en Kast y sus futuros ministros, apelando al patriotismo y soberanía que la izquierda dice particularmente proteger. El FA emplazó “al futuro gobierno a defender nuestra independencia y dignidad como país”, y llegaron a sostener que “vemos una actitud tan servil del futuro oficialismo que me preocupa”. También criticaron al futuro canciller, por plantear “que es necesario conocer todos los antecedentes”. Lo cierto es que ahora que se sabe que el Gobierno había aprobado la concesión y que después de los antecedentes aportados por EE.UU. anularon el decreto, seguramente muchos de los juicios públicos de dirigentes del oficialismo cambiarán. Mientras tanto, tampoco podrán seguir negando enfáticamente cualquier posibilidad de que se afecte la seguridad nacional o que se trate solo de “empresas privadas” chinas. ¿Si no por qué echaron para atrás el proceso y derivaron la información recibida a organismos de seguridad? Naturalmente, hay muchas explicaciones que se deben dar.