Este 24 de febrero se cumplen cuatro años desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala —ilegal e injustificada— contra Ucrania. Y si algo queda claro en este nuevo aniversario, es que el final de la guerra sigue sin verse cercano.

No porque Ucrania se niegue a negociar, ni porque falten canales diplomáticos, sino porque Moscú no ha mostrado una voluntad real de poner fin a la guerra que inició. Por el contrario, en estas últimas semanas, Rusia ha reforzado una estrategia ya conocida: castigar a la población civil como instrumento de presión política.

En medio de uno de los inviernos más duros en años, Rusia intensificó los ataques contra infraestructura energética, redes eléctricas y centros urbanos, afectando directamente a millones de personas. El objetivo es claro: debilitar la resistencia interna, erosionar la moral y forzar concesiones desde el desgaste cotidiano.

Rusia no está preparando el terreno para una negociación política, sino construyendo coerción. En la práctica, su mensaje es que la mesa de diálogo debe levantarse sobre ciudades a oscuras, calefacción cortada y presión humanitaria.

Por eso, al comenzar este quinto año de guerra, el foco del debate sigue estando mal planteado cuando se insiste en qué debería “ceder” Ucrania para alcanzar la paz. Porque la pregunta central es otra: ¿qué presión real se ejerce sobre Rusia para que detenga la guerra que inició y asuma las consecuencias de la destrucción causada?

Ese giro comenzó a verse con mayor claridad hace pocos días, en la Cumbre de Seguridad de Múnich, donde la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, fue explícita. “Donde Rusia ha causado daño en Ucrania, Rusia debe pagar”, afirmó, advirtiendo que no puede haber impunidad ni “atajos” que premien la agresión. En la misma línea, alertó que el mayor riesgo no es el estancamiento militar, sino que Rusia obtenga en la mesa de negociación lo que no consiguió en el campo de batalla.

La frase no es retórica, porque resume un dilema estratégico central. Si Moscú logra consolidar ganancias territoriales o políticas a través del desgaste y la violencia contra civiles, el mensaje hacia el resto de Europa Oriental será inequívoco. La agresión funciona.

Por eso, Rusia no puede salir victoriosa de esta guerra, ni militar ni políticamente. No se trata de venganza ni de maximalismo, sino de prevención. Un cierre que legitime la invasión, que congele el conflicto en términos favorables al agresor o deje a Ucrania estructuralmente vulnerable, solo será una pausa antes del próximo ataque contra la población ucraniana y abrirá la puerta a nuevas operaciones militares en el este de Europa. Por ejemplo, contra las repúblicas bálticas.

La experiencia reciente refuerza esa advertencia. Tras la anexión de Crimea en 2014 y la guerra en el Donbás, Rusia no fue disuadida; solo contenida de manera incompleta. Por eso, ocho años después, lanzó una invasión a gran escala. El costo de esa ambigüedad hoy se mide en cientos de miles de muertos y heridos, casi 5,9 millones de refugiados en otros países europeos y cerca de 4 millones de desplazados.

En este escenario, la Unión Europea y la OTAN han asumido un rol cada vez más central en el sostén de Ucrania, tanto en lo financiero como en lo militar y político. Sin embargo, el principal desafío es mantener coherencia y presión sostenida, incluso cuando el conflicto deja de ocupar los titulares diarios.

La guerra entra a su quinto año sin un horizonte claro de resolución. Pero una cosa sí está clara: la paz no llegará presionando a la víctima para que se adapte a las condiciones del agresor. Llegará (si es que llega) cuando Rusia entienda que continuar la guerra solo incrementará sus costos, y que iniciar una agresión en Europa tiene consecuencias reales y duraderas.

Alberto Rojas es director del Observatorio de Asuntos Internacionales, de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finis Terrae.