Uno de los desafíos de la política social chilena sigue siendo el apropiado cuidado y atención a niños que viven en graves condiciones de vulnerabilidad evidente y que, por tanto, están en una situación de riesgo social relevante. Las cifras de la última Casen, que incluyen una renovada metodología, revelaron que la pobreza en los niños de entre 0 y 3 años alcanzó en 2024 a casi un 26%. Los subsidios monetarios son insuficientes para cambiar esas condiciones, y las políticas laborales, inadecuadas para promover la ocupación de las personas que ahí viven.

En la última década se ha hecho una transformación institucional para intentar garantizar la protección del derecho de esos niños, sobre todo tras la triste experiencia con el Sename y la muerte de Lisette Villa en una de sus residencias. Pero los cambios institucionales no han garantizado un diseño que equilibre los distintos bienes que se deben resguardar en estas situaciones, asegure una gestión efectiva de las agencias estatales involucradas y provea los recursos necesarios para cumplir con las funciones que se les encomienda. Así, el discurso de la protección de derechos cae, a veces, en el vacío. Estas falencias se cuelan con claridad en un reportaje, publicado en la última edición de Sábado de “El Mercurio”, sobre el fallecimiento por inmersión de Brayan en una residencia administrada por el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia.

Sus padres, ambos con deficiencia cognitiva, vivían en condiciones materiales muy precarias, pero los reportes sobre su situación mostraban una gran preocupación por el niño y un esfuerzo por mantener un hogar limpio y en la mejor situación posible. El niño, es cierto, había sido llevado al Cesfam de Paine con una bronquitis obstructiva aguda y la madre no lo había vacunado contra la influenza en el momento que le correspondía. Además, habría faltado a algunos de los controles que habitualmente se realizan a los niños en el sistema de salud. Aunque eran situaciones graves, los demás antecedentes indicaban preocupación de ambos padres. Quizás un trabajo más de cerca con la familia habría bastado para corregir el problema. Sin embargo, se prefirió denunciar esta situación y Brayan pasó al cuidado del Estado. El diseño del sistema de protección de los niños debe considerar preferentemente, salvo situaciones muy extremas, la permanencia con la familia nuclear. Esta no parecía ser una de ellas. Por tanto, se requería considerar, en primer lugar, un apoyo a la familia. Parece, entonces, existir un mal equilibrio en la nueva institucionalidad entre el apoyo a la familia y su separación, que se estaría gatillando con mucha facilidad.

A su vez, la ley estableció que el cuidado de los niños de tres años o menos debía realizarse solo en familias de acogida. Esto no ocurrió y una parte importante del tiempo Brayan estuvo internado en residencias dependientes del Servicio de Protección Especializada. Más de 600 otros niños de este grupo de edad habrían vivido la misma realidad durante 2025. Esta es una anomalía de la que nadie parece hacerse responsable y que lleva a preguntarse si en estas circunstancias es realmente recomendable separar en varias de estas situaciones a un niño de sus padres, aun si las condiciones materiales en las que viven son insuficientes.

La falta de capacidades para gestionar estos casos se nota, además, en la baja empatía del sistema con los padres. La información ha sido poco transparente y no hay claridad de por qué se desató la tragedia. Un segundo niño menor que Brayan también fue separado y se encuentra en el sistema. Antes no habían podido retener a su primera hija, nuevamente un caso en el que no es claro, más allá de la pobreza del hogar y las limitaciones de los padres, que los niños hayan estado enfrentando un riesgo para su integridad. Así, la condición de vulnerabilidad del hogar exigía otras políticas sociales y no necesariamente la separación. Es evidente, entonces, que la política social les está fallando a los niños y, en muchas ocasiones, toma decisiones equivocadas por la falta de una mirada más integral. Mientras tanto se utilizan cuantiosos recursos en otras iniciativas que están lejos de tener el retorno social que representa el buen cuidado de niños a los que les tocó nacer en condiciones de gran deprivación.