Señor Director:

Un arancel es un impuesto que termina siendo desplazado al precio que paga el consumidor. Por eso el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del viernes en Learning Resources, Inc. v. Trump pone las cosas nuevamente en su lugar. Al declarar ilegales la mayor parte de los aranceles fijados unilateralmente por el Ejecutivo bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), el máximo tribunal recordó que el poder tiene límites.

En efecto, la mayoría en la decisión sostuvo que la IEEPA no autoriza al Presidente de EE.UU. a crear por sí solo un impuesto masivo a la importación sin la autorización del Congreso. En un sistema con pesos y contrapesos, la política comercial es un instrumento de gobierno legítimo, pero la potestad de crear nuevos impuestos pertenece al Legislativo.

Por otra parte, la independencia judicial se prueba cuando más incomoda. En este sentido, la decisión reunió votos de jueces conservadores y liberales, y por lo mismo posee gran legitimidad, atendido a que no defendió una preferencia geopolítica, sino un mandato constitucional claro.

En definitiva, Trump ahora podrá victimizarse, culpando a la Corte Suprema para encubrir sus errores y excesos con un relato de bloqueo arbitrario. Sin embargo, el fallo es una buena noticia para EE.UU. y el mundo. Ninguna democracia liberal resiste si quien gobierna puede imponer tributos sin ningún control. Si el Ejecutivo quiere ahora fijar nuevos aranceles recurriendo a la política comercial, el camino que deberá tomar será la deliberación legislativa, con costos visibles y responsabilidad democrática, no la imposición unilateral.

Rafael Pastor Besoain
Decano Facultad de Derecho y Humanidades Universidad Central de Chile