Señor Director:

Una de las principales funciones de quienes trabajamos en el Estado es administrar con eficiencia recursos escasos, para dar una mejor vida a los ciudadanos. En ese sentido parece razonable tener una política de incentivos que movilicen a los equipos a tener una labor destacada. También, es de toda justicia que quienes extienden su jornada para impulsar tareas que van en beneficio de las personas reciban la compensación correspondiente por esas horas extraordinarias efectivamente trabajadas.

Sin embargo, es evidente que tanto las asignaciones (bonos) asociadas a los programas de mejoramiento de la gestión como el uso de horas extras han sido, en ocasiones, usados de forma maliciosa o derechamente corrupta. En muchos casos estos mecanismos se han convertido en un “ingreso adquirido” sin necesariamente tener relación con mejoras reales en la gestión o con esfuerzos adicionales que se traduzcan en beneficios para la ciudadanía.

Ante la discusión que se ha generado, es vital poner el foco en asegurar que estos instrumentos cumplan efectivamente su propósito: mejorar los resultados de la gestión pública. Todos en el sistema público, con especial atención en las autoridades elegidas por elección popular, somos sujetos de revisión y reevaluación de estos beneficios. Lo público debe inspirarse no tanto en cuánto voy a ganar, sino en cuánto puedo hacer para mejorar la vida de las personas.

Agustín Iglesias
Alcalde de Independencia