Los resultados diplomáticos de la gestión del Presidente Gabriel Boric en política exterior son deplorables. Su sello ha sido emplear las relaciones internacionales para sacar pequeñas ventajas en política interna o darse gustitos ideológicos o personales sin medir el daño que declaraciones o actuaciones irresponsables podrían ocasionar. Lo cierto es que durante su administración se ha producido algo inédito: enemistarse con los gobiernos de Perú, Argentina, Israel y EE.UU., involucrando al país en disputas políticas que no se corresponden con lo que debiera constituir una política de Estado prudente y de largo plazo.

El estado en que entregará a su sucesor las relaciones con EE.UU.es una buena prueba de ello. Durante casi todo su período la Cancillería pretendió sostener y convencer a la opinión pública que la relación bilateral se desenvolvía con normalidad, transmitiendo que los desencuentros provocados por Boric no tenían consecuencias ni causaban daños a los lazos, intereses y negociaciones en curso entre los dos países. Cuando se les hacía ver lo contrario, lo desestimaban con ligereza, como ocurrió con el incidente producido luego de que Boric se negara a contestarle el teléfono al secretario de Estado, Marco Rubio, aduciendo con soberbia que los presidentes se relacionaban con presidentes, y que para hablar con él estaba el canciller Van Klaveren. ¿Qué habrá pensado en estos días el Presidente cuando vio las imágenes de Rubio recibido y escuchado en Europa por distintos jefes de gobierno?

Primero, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, atribuyendo la degradación de las relaciones a comentarios del Presidente Boric, y después el propio embajador de Estados Unidos en Chile en el mismo sentido, confirmaron que esa visión unilateral de la Cancillería del estado de las relaciones era más bien una ficción. Incapaz de ocultar ya la situación por la que atravesaban las relaciones, el Gobierno reaccionó con una nota de protesta en contra de las declaraciones del embajador. Ahora un nuevo y delicado episodio —a raíz del proyecto de cable submarino con China— termina con la revocación y restricción de la visa a tres funcionarios de gobierno chileno (se incluiría también a sus familias), entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, un profesional destacado de reconocido prestigio. Lo ocurrido es lamentable y cabe rechazar las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano. Cabe esperar también que gestiones de este o el próximo gobierno de Kast permitan revertirlas.

Respuestas pendientes

Con todo, el mal manejo y poca transparencia del Gobierno en todo este episodio ha sido evidente. Difícilmente las autoridades nacionales puedan haberse visto “sorprendidas”, como sostienen, por esta sanción, en circunstancias de que por años este ha sido un tema particularmente sensible para EE.UU.—de hecho, Piñera prefirió no continuar en uno similar con China— y ante el avance del proyecto en los últimos días, distintas autoridades de gobierno fueron advertidas de lo que podía ocurrir por autoridades norteamericanas.

También se percibe una contradicción entre lo manifestado por la Cancillería y las declaraciones del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), sobre el estado en que se encuentra el proceso de autorización. Las declaraciones del canciller daban a entender que la tramitación estaría en una etapa inicial y, en cambio, el subsecretario Araya sostuvo ayer que el proceso de autorización estaba en la “recta final”, a solo semanas de terminar.

Queda abierta también la pregunta sobre qué hubiese ocurrido si no se hubiera producido la pública reacción norteamericana. ¿Se habría aprobado el proyecto sin que en el país se hubiese debatido acerca de las implicancias geopolíticas de un acuerdo de esta naturaleza? De otro lado, ¿es razonable que en un proceso como este tengan un papel protagónico militantes del Partido Comunista chileno, habida cuenta que es por todos sabido que existe una estrecha relación entre este conglomerado y el gobierno chino? En fin, habida cuenta de lo sucedido por ejemplo en el Perú con el puerto de Chancay (donde el Estado no puede fiscalizar ese terminal), ¿son suficientes los resguardos que el país está tomando para proteger la seguridad de los datos y la jurisdicción del país?

Como se ve, el desafío del gobierno de Kast en política internacional es enorme. Normalizar las relaciones con Washington es de extrema relevancia para Chile y no debe seguir usándose para la búsqueda de perfilamientos personales o de lujos ideológicos. Con todo, esta acción normalizadora —y este será el segundo desafío de la próxima administración— deberá llevarse a cabo manteniendo nuestras excelentes relaciones con la República Popular China, que por décadas ha sido uno de nuestros más importantes socios. Habrá que dejarle espacio a la mejor diplomacia.