Por amplia mayoría, seis votos a favor y tres en contra, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos anularon la orden ejecutiva del Presidente Trump que elevó generalizada y sustancialmente los aranceles para las exportaciones a ese país.

La medida anulada, además de regular el comercio exterior, en algunos casos sirvió para sanciones, amenazas y presiones a gobiernos extranjeros, con el fin de satisfacer objetivos de la política exterior y de seguridad del Presidente Trump. A la vez la orden ejecutiva ha servido para forzar inversiones extranjeras en Estados Unidos, y recaudar tributos. A diciembre de 2025, sobre US$ 100 mil millones ingresaron al presupuesto norteamericano por esta vía. La sentencia nada dice al respecto, abriendo una nueva fuente de litigios, a los que tendrán derecho exportadores chilenos gravados por tributos indebidos.

El fallo judicial fortalece la separación de los poderes constitucionales y es un revés trascendental para la agenda proteccionista de Trump, que había logrado el respaldo de la Corte Suprema en materias sensibles como aborto, inmunidad presidencial y políticas migratorias. De los jueces supremos, vitalicios, propuestos por el Presidente y aprobados por el Senado, seis han sido designados por gobiernos republicanos, tres por Trump. La Corte Suprema es la garantía de la observancia de la Constitución por el Poder Ejecutivo, del Congreso y autoridades estaduales y municipales.

La anulación de las tarifas no ha sido sorpresa. En lo esencial, había consenso entre los expertos y señales dadas por las preguntas de la mayoría de los jueces durante los alegatos; que la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, en que se fundó la orden ejecutiva anulada, no tenía precedentes en su aplicación generalizada, y permitía solo establecer cuotas, embargos y otros gravámenes específicos a las importaciones, y en ningún caso aumentos masivos y generales de los aranceles, lo que requeriría de la aprobación del Congreso.

Parece imposible que el Presidente logre que las mayorías del Congreso apoyen su orden ejecutiva, menos luego de la próxima renovación del Parlamento. Los sondeos de opinión anticipan la pérdida de control de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano en medio de una sostenida disminución de la aprobación presidencial.

El Presidente insiste en aplicar otras leyes de excepción para reponer las tarifas derogadas. Las fórmulas alternativas, en su mayoría son engorrosas, requieren de investigaciones previas y demostrativas de riesgos para la seguridad nacional, discriminaciones y competencia desleal en determinados países, en contra de productos norteamericanos específicos. Trump ha estado forzado a recurrir a la Sección 122 de la ley de Comercio de 1974 que le permite aplicar discrecionalmente tarifas de hasta 15%, aunque solo por seis meses, en situación de desequilibrios de las cuentas externas y desvalorización del dólar.

Bajo esa regulación las tarifas a las exportaciones chilenas, actualmente bajo un acuerdo provisorio con el Departamento de Comercio, quedarían inalteradas, aunque por 180 días. Pero habría que revisar si permanece la excepción arancelaria de los cátodos de cobre entre las contempladas en el nuevo arancel que regirá globalmente a partir del martes.

La derrota judicial experimentada por Trump, si bien limita los daños causados por su proteccionismo y fortalece la constitucionalidad y la independencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, abre nuevas incertidumbres y litigios para las exportaciones a ese país.