La política en su expresión noble puede ser fuente de honor y gloria, cuando sus protagonistas demuestran liderazgo, competencia y una conducta intachable. Y ha sido también, con un amplio y vergonzoso registro a través de la humanidad, un refugio recurrente para corruptos, delincuentes y depredadores sexuales.

La semana reúne a varios de ellos en los portales de noticias. Inglaterra vivió la humillación de ver detenido por 12 horas a un miembro de la monarquía (expulsado formalmente, pero hermano del rey, al fin y al cabo). Aun cuando esta vez sería por eventuales negocios oscuros con Jeffrey Epstein, la foto de Andrés Mountbatten-Windsor tomando por la cintura a una adolescente volvió a recorrer el mundo.

España se remeció el martes cuando un juez admitió a trámite la querella por agresión sexual de una subalterna contra José Ángel González, jefe operativo de la Policía Nacional, segundo en la línea de mando. Los detalles son, como siempre en estos casos, groseros e indignantes, entre ellos la revelación del hostigamiento para que la mujer no lo denunciara; y el entramado para encubrir al hoy acusado de violación. La revelación subió de tono —no es para menos— cuando el Partido Popular llamó a comparecer al Congreso y está exigiendo hoy la renuncia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (¿conocía el hecho y lo encubrió?).

Perú vio rodar al séptimo Presidente que gobierna el país en 10 años, José Jerí, que ya cargaba con denuncias de abuso y violación. Destituido ahora tras conocerse una reunión ilegal con empresarios chinos (a la que tuvo a bien llegar encapuchado para no ser reconocido), sumó el registro de las visitas a su despacho, hasta la madrugada, de una decena de mujeres, a las que luego contrataba como funcionarias y en cuya compañía registra más de 30 viajes en el avión presidencial. El reemplazante cuenta con un prontuario de declaraciones insostenibles en cualquier sociedad que se precie de civilizada (irreproducibles en estas páginas).

Hechos de este tipo exigen algunas distinciones.

Primero, su naturaleza. La carga moral no es la misma, aun cuando sean deplorables todos: delitos unos, excesos y comportamientos indecorosos otros, con el agravante del evidente desequilibrio de poder entre acusados y acusadoras. El affaire “Levinsky” habría definido a Clinton hoy algo más que como un imprudente mandatario que deshonraba el Salón Oval: ¿en qué posición quedaba una becaria si se negaba a acceder a las insinuaciones del Presidente de los Estados Unidos?

En segundo lugar: la manera como gobiernos, parlamentos y la propia justicia encaran las denuncias. El caso “Monsalve” habría quedado en un deshonroso hecho policial si el Gobierno lo hubiera removido en el momento que fue informado de la investigación que llevaba adelante la fiscalía. La tardanza y la confusa trama de protección que se generó a su alrededor, lo catapultó como un escándalo político de proporciones; y se llevó por delante en pocas horas la etiqueta feminista que enorgullecía hasta entonces al Frente Amplio.

Una tercera y necesaria distinción es el papel de la prensa. Incómoda siempre, tentada a veces con el sensacionalismo, ha sido casi el único canal que ha impedido que los hechos conocidos por la opinión pública quedaran en la oscuridad. Los delitos se enfrentan en la justicia con igualdad ante la ley; pero cuando sus protagonistas gozan de posiciones políticas alcanzan una estridencia diferente ante la ciudadanía.

En la era de la transparencia, la vida privada para quienes ostentan cargos públicos es una ilusión. Las 24 horas del día son escrutables. Y cuando la sociedad ha reconocido la igual dignidad para hombres y mujeres, la impunidad será insostenible para aquellos que pretendan desplegar sus pecados en privado, amparados en el poder. En buena hora.