La regla de balance estructural perdió la capacidad de hacer lo que promete: aislar el componente cíclico de los ingresos fiscales para alinear gastos permanentes con ingresos permanentes. Por décadas, la credibilidad de Chile en los mercados financieros, y el acceso a financiamiento favorable que ello conlleva, se construyó sobre esta regla. Sin embargo, es difícil sostener que sigue cumpliendo su propósito.

El punto central de la regla es la posibilidad de extraer una relación estable entre el ciclo de la economía, el precio de productos de exportación como el cobre y el litio, y la recaudación tributaria. Hoy, esa relación ha perdido predictibilidad, por razones que aún no son del todo claras y que requieren un estudio específico. Esta pérdida no es menor: es el corazón de la metodología. Si no podemos estimar con razonable precisión cuánto de los ingresos responde al ciclo y cuánto es estructural, la regla pierde su capacidad orientadora.

A esto se suma un problema de diseño. La forma tradicional como se ha calculado el balance estructural parte de una proyección de ingresos y de balance efectivos, a la cual luego se le aplican ajustes cíclicos. Este procedimiento tiene un problema básico: comienza con supuestos sobre el rendimiento de reformas impositivas y de iniciativas de cumplimiento tributario. Pero cuando los ingresos resultan menores que lo proyectado, como ha ocurrido repetidamente, la regla no tiene un mecanismo robusto para determinar si la brecha proviene del ciclo o de un error en la estimación del componente estructural. El hecho de que los ingresos hayan rendido menos requiere una evaluación ex post rigurosa que identifique las causas.

La regla enfrenta además dificultades políticas evidentes. Corregir trayectorias fiscales a partir de incumplimientos pasados recientes exige ajustes que pocos gobiernos están dispuestos a asumir, generando una dinámica donde los desvíos se acumulan y la regla pierde su capacidad de disciplinar. Frente a un instrumento difícil de replicar externamente, con supuestos difíciles de entender y sin consecuencias claras ante incumplimientos, se requiere avanzar hacia un marco fiscal más transparente, replicable y creíble.

Como he planteado en columnas previas, esto requiere fortalecer la estrategia fiscal en al menos tres dimensiones.

Lo primero es mantener el límite prudente de deuda en 45% del PIB. El aporte que realizó la actual administración, al incluir ese límite en su plan fiscal, es un paso importante que se debe fortalecer y profundizar. Si la preocupación fiscal de largo plazo es la sostenibilidad de la deuda pública, sabemos que eso requiere objetivos vinculados al balance primario, es decir, excluyendo pagos de intereses. La restricción presupuestaria del Gobierno nos dice que, para estabilizar la deuda, el balance fiscal primario debe alcanzar un superávit equivalente a la brecha entre la tasa de interés que se paga y el crecimiento económico. En la actualidad, para Chile ambas variables son de magnitud similar, de lo que se deduce que un balance primario ligeramente positivo es necesario. Eso contrasta marcadamente con los déficits primarios que hemos observado en la última década.

Lo segundo es complementar el marco legal que mandata al Ejecutivo a definir su meta fiscal dentro de los primeros noventa días, con un objetivo de que el crecimiento del gasto público, excluyendo intereses, se ubique en torno a 1% real por varios años consecutivos. Una regla de gasto de esta naturaleza tiene la ventaja de ser simple, verificable y no depender de supuestos de ingresos estructurales que son difíciles de estimar.

En tercer lugar, para darle transparencia al balance del Estado y evitar contabilidad creativa con la posición patrimonial de las empresas públicas, el Ejecutivo debiera plantear una visión sobre los niveles de capital que mantendrán durante su administración al menos empresas como Codelco, BancoEstado y Enap. La solidez financiera de estas empresas incide directamente en la posición fiscal consolidada del país.

Una estrategia fiscal creíble requiere definir objetivos e instrumentos. El balance estructural no está cumpliendo con ser ni lo uno ni lo otro. Reconocer que la regla fiscal necesita evolucionar no es debilidad, sino la misma prudencia que la inspiró, más aún en el contexto actual donde las nuevas autoridades han planteado la necesidad de ajustes de gasto y reducciones de impuestos. Un nuevo marco fiscal es necesario para encuadrar creíblemente nuestras finanzas públicas hacia el futuro.