Conocido y documentado el pésimo manejo fiscal de la actual administración, es necesario examinar las posibilidades de ajuste que enfrentará el futuro gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast. Para dicho efecto, el punto de partida debe ser la cuantificación del exceso de gasto (respecto de los ingresos).

De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025, el total de gasto del gobierno central alcanzó el año pasado los $82.132.035 millones, mientras los ingresos efectivos fueron $72.606.525 millones, lo que explica el déficit efectivo de $9.525.510 millones que reveló hace algunas semanas el Ministerio de Hacienda, equivalente a US$ 10.400 millones (tipo de cambio $911 por dólar) o 2,8% del PIB. Este porcentaje es muy superior al anticipado en el tercer trimestre de 2024, cuando la Dipres anticipaba un déficit efectivo de solo un 1% del PIB. Por lo tanto, dados los ingresos efectivos de la nación en 2025, el gasto público debería haber sido recortado en cerca de US$ 6.700 millones para haber alcanzado la meta inicial de Hacienda respecto del déficit. Un monto muy alto que debió merecer mayor atención por parte de las actuales autoridades económicas.

Lamentablemente, las consecuencias de estos desajustes serán heredados por la siguiente administración. Por de pronto, en solo un trimestre, las proyecciones de déficit efectivo para 2026 empeoraron significativamente: desde $5.236.854 millones (1,5% del PIB) en el IFP del tercer trimestre en 2025 a $6.645.575 millones en el mismo informe, pero del cuarto trimestre (1,8%). Asumiendo que las estimaciones de ingresos que presenta Hacienda son correctas, el próximo gobierno debería realizar un ajuste en el nivel de gasto superior a los US$ 7.000 millones en el evento de buscar un presupuesto efectivo equilibrado. Pero incluso con un recorte de esta magnitud el déficit estructural se ubicaría cercano al 1% del PIB. Esto da cuenta del tamaño del descalce presupuestario.

En cuanto a la evolución de los ingresos fiscales, tema en que las actuales autoridades se han escudado para obviar sus responsabilidades, su disminución no es sorpresa. La agenda de reformas del gobierno de Gabriel Boric, incluyendo un proyecto constitucional que, de haberse aprobado, hubiese transformado profundamente la institucionalidad económica; es razón atendible para explicar la menor actividad local, la relocalización de la actividad en el extranjero y, como consecuencia, la caída en los recursos que entran al fisco a través del sistema tributario.

Así entendida, la insistencia del Gobierno por apuntar a los “grandes contribuyentes” (empresas) como responsables del descalce de ingresos y gastos no hace más que confirmar la equívoca visión de una administración que ha dañado no solo nuestras cuentas fiscales, sino también el ambiente de negocios en Chile. El reciente llamado de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a perfeccionar el ajuste cíclico que se hace sobre los ingresos del cobre (Codelco) confirma que en materia de ingresos, esta administración actuó con impericia y retraso.

Por ello, un primer paso para comenzar el proceso de normalización del balance del Estado es ofrecer rápidamente un relato que apunte al fomento de la actividad privada, el respeto a la institucionalidad y la atracción de la inversión. Como lo ha demostrado la historia, el arribo de una administración movida por esos principios puede activar la economía, generar empleos y, así, elevar la recaudación de impuestos. Sin embargo, frente al tamaño de la grieta fiscal, en esta oportunidad esa estrategia no será suficiente.

Incentivos, recortes y fiscalización

El fuerte empeoramiento de las proyecciones de déficits reconocido por el Gobierno en las últimas semanas ha llevado al Presidente electo a plantear la idea de una “emergencia fiscal”. Pero hay que ser cautos al elevar en exceso las expectativas de un rápido y profundo ajuste del gasto. Experiencias anteriores indican que ajustes anuales en torno a los US$ 800 millones pueden ser implementados de la mano de la disciplina y austeridad moderada, comunicada a través de decretos de rápido despacho desde Hacienda. Recortes superiores requieren un esfuerzo mayor que involucra además fuertes ajustes en el número de funcionarios (inicialmente asesores) de los distintos ministerios, medidas administrativas para asegurar el uso más eficiente de los recursos en los distintos programas del Estado e incluso la potencial revisión de los fondos asignados a los servicios públicos.

Ahora bien, la reducción del gasto en montos muy por encima de los US$ 1.500 millones implementada en un espacio de un año requiere de un esfuerzo que el país no ha visto en años, pero que puede ser posible considerando la laxitud con que el gasto público se ha controlado en los últimos años. Por de pronto, los esfuerzos de Contraloría indican que con incentivos, tecnología y un mínimo de creatividad, es posible generar ahorros significativos para el Estado (solo la reducción de las licencias médicas cercana al 20% está liberando casi US$ 200 millones de recursos públicos). Esta estrategia debe ser potenciada y apoyada por la nueva administración.

También será necesario avanzar con algunas modificaciones legales que permiten controlar los desembolsos del Estado en el largo plazo. En este sentido, si bien fue un esfuerzo tardío, cabe destacar el impacto fiscal que tiene el proyecto que modifica el Subsidio a la Incapacidad Laboral que ingresó al Congreso en junio de 2025 y que, en esencia, apunta a homologar la estructura de dicha licencia entre el sector público y el privado. El impacto de una medida de este tipo podría llegar a US$ 200 millones. Ejemplos como este sobran debido al deficiente diseño económico en muchas de las reformas implementadas en los últimos años.

Y el Estado debe también hacer un esfuerzo decidido por terminar con cierta laxitud que se ha permitido en las obligaciones y responsabilidades de la población (muchas veces promovidas desde la misma política). Desde las altas tasas de evasión en el transporte público hasta el generalizado no pago de créditos universitarios, el país dedica recursos millonarios a cubrir el costo de este comportamiento. Una fiscalización efectiva y moderna debe ser también parte de la agenda para reducir el déficit público.