Políticos e ideólogos del Frente Amplio argumentaron durante años respecto de las bondades de las iniciativas estatales, en contraste con los permanentes problemas que generaría el afán de lucro del sector privado. Utilizaron ese argumento para procurar minimizar la participación privada en educación y salud. Insistieron, basado en ello, en que el Estado estaría en condiciones de entregar “educación pública, gratuita y de calidad”, solo porque esa era su intención. La ciudadanía ha conocido los resultados de seguir ideológicamente ese eslogan.

Ha habido otros ejemplos de iniciativas estatales montadas para mostrar que dan mejores resultados que las privadas. Las farmacias populares las instituyó el entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, afirmando que ese modelo era inmensamente superior al de las cadenas privadas. Fue un fracaso. En su momento de mayor auge, no lograron más allá de un 1% o 2% del mercado de los fármacos, ofrecían una cantidad bastante pequeña de estos, los entregaban en diferido, y generaron pérdidas para las municipalidades que se involucraron. Jadue terminó formalizado por el uso de fondos municipales en la farmacia popular de su comuna.

En 2022 este gobierno instituyó el programa “Gas a precio justo”. El propósito era vender balones de gas licuado a los consumidores a través de un programa llevado a cabo por Enap. Argumentó que dada la investigación que realizaba la Fiscalía Nacional Económica respecto de la intensidad competitiva del mercado del gas, el Gobierno iba a mostrar a la población que el Estado sí podía entregar “gas a precio justo” mucho mejor que el sector privado. A pesar de la reticencia con que los ejecutivos de Enap debieron adoptar el programa —se apartaba del objetivo, capacidades y competencias de la empresa—, el programa se echó a andar. Su resultado, según un reciente informe de Contraloría, arroja que el experimento trajo pérdidas por más $500 millones a la petrolera, monto que el Estado debe devolver a la empresa y aún no ha hecho, y que se deben realizar diversos sumarios por la falta de antecedentes con que se decidió llevar adelante la iniciativa.

La idea de que el Estado, por el solo hecho de carecer de motivaciones lucrativas, y porque su propósito es siempre, supuestamente, el bien común, va a ser exitoso en las iniciativas productivas que acometa, revela un grado de ideologismo que ha terminado causando mucho daño. Es como si pensaran que bastan las buenas intenciones con las que se aborde un proyecto para que la realidad se doblegue ante ellas y la naturaleza humana desaparezca. Estos casos muestran que lo estatal puede, en ocasiones, efectivamente, dañar a lo público.