Señor Director:

Harald Beyer, en la edición de ayer, señala que el proyecto de Sala Cuna está “maduro para su aprobación”. Compartimos su inquietud y la hacemos extensiva al proyecto de ley FES.

A fines de enero, el Gobierno desactivó las dos bombas de la propuesta original al reponer el copago estudiantil y reemplazar el impuesto a los graduados por un crédito con tasas y montos de deuda conocidas y pagos contingentes al ingreso laboral de los egresados. Además, se restituían las becas de arancel.

Es sabido que la alta morosidad del CAE drena enormes recursos fiscales. En pagos por el aval del Estado, el esquema de licitación y emisión de nuevos créditos obliga a provisionar cada año en el presupuesto público del orden de los US$ 1.000 millones. Las quejas de muchas universidades en gratuidad de que el Estado estaría fijando aranceles por debajo de los costos de las carreras, debido a la falta de recursos, revela que la estrechez fiscal es real. Y eso, en parte, es responsabilidad del CAE, que se ha transformado en un modelo de cuasi gratuidad.

Lo que advierte Beyer con la Sala Cuna, también podría suceder con el CAE: la experiencia de las últimas dos décadas sugiere que una nueva postergación no será una cuestión de meses, sino de años.

Sylvia Eyzaguirre
Investigadora senior CEP
Carlos Williamson
Investigador principal, CLAPES UC