Se han alzado voces preocupadas de que el próximo gobierno derive en rasgos iliberales que pongan en riesgo aspectos de nuestra democracia y de los derechos cívicos que ella garantiza. Siendo este un tema de vital importancia merece un análisis cuidadoso.

Atendidas la actitud y las expresiones del próximo Presidente desde su elección, mi impresión es que el fundamento principal de este temor se basa exclusivamente en las relaciones estrechas que mantiene con gobernantes que, con razón, se pueden clasificar como iliberales, por ejemplo, los presidentes Orbán de Hungría y Bukele de El Salvador.

Además, contrariando la tolerancia y el pluralismo, algunos consideran inaceptable que el Presidente adhiera a profundas y legítimas creencias respecto de la familia, la religión, la sociedad civil y otros valores que podrían clasificarse de conservadores, pero que no son necesariamente iliberales. En este contexto es perfectamente justo que él quiera competir con sus ideas y valores en el espacio público, sin por ello vulnerar ningún principio de la democracia liberal o abusar del poder. La competencia entre culturas no es necesariamente una guerra y es inherente a una sociedad plural.

El término iliberal se refiere a aquellos regímenes que se originan en elecciones, pero luego derivan en la erosión de las libertades constitucionales a través del debilitamiento de las restricciones al poder, la reducción de los equilibrios y contrapesos, condicionando derechos, y a veces sacrificando la autonomía individual por mayor seguridad.

El ejemplo más paradigmático de esta forma de gobernar es indudablemente el Presidente Nayib Bukele. En efecto, tras su elección ha acumulado altos grados de control político y reducido notablemente los contrapesos al poder presidencial: sus partidarios dominan la asamblea legislativa y la Corte Suprema, la cual incluso cambió la interpretación de la Constitución para permitirle postularse a la reelección. Todo ello atenta contra la separación de poderes que es central a la democracia liberal representativa.

Por otra parte, los medios de comunicación independientes han sido objeto de ataques reiterados. Más aún, el gobierno ha permitido detenciones masivas, sin un debido proceso ni garantías judiciales claras. Desde 2022, ha mantenido un régimen de excepción extenso para combatir exitosamente a las pandillas, reduciendo significativamente la delincuencia y la inseguridad, pero el costo de ello ha sido el debilitamiento o extinción de los principios básicos de la democracia como la conocemos.

El Presidente Kast, sin embargo, ha dejado muy clara su convicción de que las políticas aplicadas por estos gobiernos para combatir el crimen organizado y la inmigración ilegal no serían viables en nuestro país y no es su intención replicarlas aquí.

En la trayectoria política de Kast no existe evidencia alguna de que se haya opuesto a los principios básicos de la libertad individual como un valor político irrenunciable, como la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de asociación y de movimiento, y ha defendido siempre el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.

Tampoco ha favorecido la eliminación de las limitaciones constitucionales, el imperio de la ley o una separación de poderes. Del mismo modo, ha sido siempre partidario de la libertad económica y de la economía de mercado, del gobierno por el consentimiento de los gobernados, de la representación y la igualdad ante la ley. Todo ello a pesar de sus legítimas convicciones conservadoras, las cuales existen, por lo demás, en todas las democracias liberales.

Esto no quiere decir que los partidarios de la democracia liberal representativa no debamos estar atentos a cualquier infracción a sus postulados básicos.