El apoyo al cuidado de los niños entre 0 a 2 años está siendo impulsado en distintas latitudes. Entre las razones está la posibilidad de que ese servicio incentive la participación laboral de las mujeres. Estos y otros beneficios sociales superan largamente sus costos. De ahí el apoyo con distintos instrumentos.

Estos toman habitualmente la forma de subsidios directos o créditos tributarios a los padres o responsables de los cuidados. También existen, a veces, exigencias de aporte de los padres, aunque estas están en retirada, o financiamientos a través de contribuciones del empleador. Esto último es menos frecuente, mas se utiliza. Un caso interesante es Países Bajos, que hasta hace poco descansó en un importante financiamiento de este carácter.

Ningún país desarrollado mantiene un sistema como el chileno, regulado en el artículo 203 del Código del Trabajo: el empleador financia la sala cuna, pero solo si la empresa cuenta con 20 o más trabajadoras. Los problemas que este mecanismo genera para la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo son evidentes y, por eso, es urgente reemplazarlo. Así lo han asumido los distintos sectores políticos, pero no se logra un acuerdo.

Las disputas de las últimas semanas revelan deficiencias en la gestión política tanto de gobierno como de oposición y tienen esta posibilidad trabada. Sin embargo, hay una paradoja. Esa deficiente gestión no impidió buenas conversaciones, y las últimas indicaciones enviadas por el Gobierno en los días finales de enero configuran un proyecto interesante. Sería, por tanto, un error no transformar este proyecto en ley.

Este asegura una oferta amplia y espacios temporales para que los proveedores que no tengan reconocimiento oficial puedan alcanzarlo. Esto es importante, porque los esfuerzos realizados por el Estado a través de Junji e Integra no parecen estar dando los resultados esperados en cobertura. Esto, por cierto, puede significar tener que redimensionar ambas instituciones. Algunos pasos —insuficientes— se han dado en esa dirección y no parece demasiado complejo avanzar en esa tarea. Por supuesto, ningún cambio es fácil en las agencias del Estado. Con todo, no resulta una razón suficiente para postergar la aprobación de este proyecto.

Por un lado, mientras esta discusión transcurre, la cobertura chilena en cuidado para los niños de 0 a 2 años está quedando cada vez más rezagada. Según la “Family Database” de la OCDE solo un 20% de los niños de esta edad acceden a cuidado. Para el promedio de los países de esa organización es 39%. En Australia, España y Nueva Zelandia se empina al 45%. En Francia y Portugal supera el 60%, y en Países Bajos, que mencionábamos hace un instante, ya se acerca al 80%. Por otro lado, la experiencia comparada muestra que una vez que se instala un sistema que aspira a asegurar alta cobertura en cuidado inicial para facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral, se producen ajustes que van perfeccionando el sistema y corrigiendo las imperfecciones de sus inicios.

Esto último es importante de tener en cuenta a propósito de las soluciones ideadas para el financiamiento en dicho acceso. Una parte relevante de los recursos proviene de una cotización del empleador de hasta 0,3% (el neto adicional es de 0,2%, porque se contempla un ajuste en contribución al fondo solidario de cesantía). Esto se integra a un fondo donde también contribuye el Estado. Se ha cuestionado el gravamen que esto significa al empleo. No es ideal, pero en momentos de estrechez fiscal puede ser una alternativa más que razonable (recuérdese el caso de Países Bajos). Además, es importante convenir que no es en esta cotización donde se jugará un cambio en las oportunidades de empleo en la economía chilena, más si se piensa, respecto de la situación actual, en el efecto positivo sobre el empleo femenino de este arreglo institucional.

Una preocupación adicional dice relación con la sustentabilidad del Fondo que se crea para financiar la sala cuna. Es legítima, pero los riesgos parecen bajos, atendidos las diferentes estimaciones que se han hecho en dos gobiernos distintos. Hay que considerar, además, que el proyecto contempla dos mecanismos para evaluar periódicamente la sostenibilidad de dicho Fondo.

En estas circunstancias, parece razonable avanzar prontamente en esta iniciativa. La experiencia de las últimas dos décadas nos sugiere que una nueva postergación no será una cuestión de meses, sino de años.

Harald Beyer
Escuela de Gobierno, UC