La publicación del último Informe de Finanzas Públicas (IFP) de 2025 no solo trajo consigo la constatación de que el deterioro fiscal bajo la administración del Presidente Boric es muy profundo, sino también activó una ofensiva comunicacional por parte de las autoridades para posicionar un relato frente a lo que emerge como un manejo fiscal inaceptable.

Para comprobar la gravedad y extensión de los errores en la gestión fiscal es necesario recordar que ya frente al IFP del tercer trimestre de 2024, que anticipaba ingresos fiscales a diciembre de 2025 equivalentes al 24,3% del PIB —terminaron siendo 21,4%—, se levantaban alertas de potenciales desajustes respecto de los gastos. Así, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que durante noviembre de 2024 se reunió con los equipos económicos del Gobierno, concluyó en su informe publicado en febrero de 2025 que sus proyecciones de déficit estructural eran menos optimistas que las de la administración: -2,1% versus -1,1% del PIB. Luego, en marzo, un segundo informe del FMI profundizó en el tema, argumentando que “la misión encontró que, en Chile, una parte importante de los sesgos en las proyecciones tributarias se debe a los supuestos macro”, para luego sugerir 15 medidas para mejorar las proyecciones de los ingresos de la nación.

Si esta fue la lección de aquella misión de noviembre de 2024, ¿no se podría haber actuado antes? Por otra parte, es sorprendente la pasividad con que los equipos de Teatinos 120 han respondido (por más de un año) a los cuestionamientos que los equipos del FMI deben haber levantado durante aquellos encuentros.

Lo anterior da cuenta de que existieron alertas tempranas en lo relativo al déficit de 2025, pero no se tomaron en cuenta. La gravedad es aún mayor cuando se considera que el resultado fiscal de 2024 y 2023 ya había significado el incumplimiento de la meta de balance estructural. Las circunstancias apuntan a errores inexcusables.

Sin embargo, en declaraciones recientes, la directora de la Dipres, Javiera Martínez, defendió su gestión en base a tres pilares. En primer lugar, que, en su opinión, el problema se ubicaría en la evolución de los ingresos del fisco y no de los gastos, siendo la caída en la entrada de recursos del último trimestre de 2025 particularmente inesperada. Segundo, que durante 2025 se realizó un esfuerzo de reducción de gasto significativo (cercano a los $700.000 millones). Finalmente, que, a pesar de los descalces fiscales, la deuda como porcentaje del PIB se habría estabilizado.

Si bien es efectivo que la evolución de los ingresos fiscales ha decepcionado, esto de ninguna forma fue inesperado. Es el resultado natural de una economía que no crece y de una institucionalidad económica tensionada desde el mismo Ejecutivo. Y, como se mencionó anteriormente, las alertas fueron tempranas, por lo que argumentar ahora que la sorpresa se produjo solo en el último trimestre de 2025 es una señal de inoperancia o incompetencia.

Respecto de los gastos, no existe duda alguna de que los esfuerzos no fueron suficientes. Y es que luego de dos incumplimientos, temprano en la gestión de 2025, una autoridad fiscalmente responsable hubiese realizado ajustes de magnitudes necesarias para cumplir la regla de balance estructural autoimpuesta. Escudarse en un ajuste acotado o en el envío de proyectos de ley para apostar a un potencial recorte en el largo plazo (que también genera dudas) parecen más bien respuestas tácticas en una gestión que dejó crecer el gasto en el año calendario.

Finalmente, utilizar la evolución de la deuda bruta (como porcentaje del PIB) como señal de una gestión fiscal exitosa no hace más que reducir aún más el ya descontado prestigio técnico de Hacienda. En primer lugar, el crecimiento del nivel de la deuda nacional no ha parado y no es adecuado, en las condiciones actuales, aprovechar el tipo de cambio o la comparación con el PIB para obviarlo. Segundo, parte importante de la contención parece explicarse por la utilización de los fondos soberanos que han caído progresivamente durante los últimos años. Eso explica el fuerte crecimiento de la deuda neta (que descuenta los activos) como porcentaje del PIB bajo la administración del Presidente Boric.

Las consecuencias de estos descalces no terminarán con el arribo en marzo de los nuevos equipos técnicos a Teatinos 120. Por de pronto, el Consejo Fiscal Autónomo ya alertó respecto de una nueva posible sobreestimación de los ingresos fiscales para el presente año. Es necesario que la clase dirigente comprenda el daño que se le ha causado a nuestra institucionalidad fiscal durante la actual administración.

En su informe de marzo del 2025 el FMI indicó que de continuar las discrepancias entre las proyecciones y la recaudación efectiva se podría “mermar la credibilidad del proceso presupuestario”. Las excusas no valen cuando el prestigio de nuestra institucionalidad se ha puesto en juego de forma irresponsable.