Señor Director:

Las recientes designaciones en el Ministerio de Defensa, efectuadas en la fase final del actual mandato, han sido interpretadas por diversos sectores como posibles amarres. Más allá de la polémica coyuntural, el hecho invita a examinar la tensión entre continuidad funcionaria, mérito y designación política en un Estado que busca profesionalizar su administración sin vaciar de contenido la responsabilidad democrática del Ejecutivo.

En efecto, el modelo burocrático clásico, inspirado en la separación entre política y administración, exige que la conducción política defina orientaciones y prioridades mientras la estructura administrativa, estable y profesional, ejecute con imparcialidad. Los enfoques posburocráticos, aunque introducen mayor flexibilidad, gestión por resultados, y foco en el producto/servicio, no eliminan esa distinción estructural, sino que la refuerzan mediante estándares de competencia técnica, mérito, y rendición de cuentas.

Por otra parte, las designaciones de último minuto, aun cuando se ajusten formalmente a derecho, pueden debilitar esa frontera si son percibidas como intentos de extender influencia política más allá del ciclo gubernamental. En áreas sensibles de producción de bienes públicos puros como la Defensa Nacional, donde la planificación estratégica y la continuidad institucional resultan esenciales, la prudencia no es solo una virtud política, sino una exigencia republicana.

En definitiva, el rendimiento continuo del Estado descansa precisamente en preservar la diferenciación entre dirección política legítima y administración profesional permanente.

Rafael Pastor Besoaín
Decano Facultad de Derecho y Humanidades Facultad de Derecho y Humanidades, U. Central