El caso de Claudio Orrego es digno de análisis por lo que significa a la hora de examinar la relación que media entre las facultades del Ministerio Público y la política.

Durante largo tiempo, el desempeño de Claudio Orrego como gobernador ha estado bajo escrutinio por el caso Procultura y bajo la mirada inevitablemente inquisidora (no inquisitorial) del Ministerio Público. Después de todo ese tiempo, la Corte acaba de declarar que las imputaciones que se han formulado, a la luz de la evidencia que se ha ofrecido, no son jurídicamente plausibles. Sin embargo, y a pesar de que a juicio de esa resolución Orrego no merece ser formalizado, de todas formas su desempeño y su prestigio han quedado objetivamente dañados.

¿Significa todo lo anterior que el Ministerio Público obró mal?

A primera vista, podría pensarse que sí. Después de todo, el Ministerio Público lesionó el prestigio de Orrego, dañó su imagen pública y de esa forma intervino —objetivamente, podría agregarse— en el proceso político, sin que a la luz del criterio de la Corte existiera una razón suficiente. Y lo mismo, podría agregarse, ocurrió con la prensa que ha divulgado una y otra vez las imágenes y los antecedentes que hasta ahora no parecen suficientes.

Ese razonamiento es, sin embargo, incorrecto.

El Ministerio Público no ha tenido éxito en el caso; pero ha cumplido con su deber. No se puede juzgar el éxito del Ministerio Público, ni menos decidir si ha estado o no a la altura de su deber, por las veces que su pretensión punitiva o persecutoria resulta exitosa. Puede perder y, así y todo, haber estado a la altura de su deber. ¿Conforme a qué criterio ha de juzgarse entonces sus actuaciones?

El criterio a aplicar es el de la diligencia e imparcialidad. Si el Ministerio Público obró como lo habría hecho una persona experta y diligente, que son los atributos del rol que desempeña, entonces, aunque no haya tenido éxito o aunque no lo tenga en el futuro en este caso, habrá cumplido con su deber. Equiparar el deber que sobre el Ministerio Público pesa con la necesidad del éxito lo inhibiría más allá de lo razonable, además de tratarse de un error conceptual.

Pero —se dirá— y ¿en qué queda Claudio Orrego cuyo prestigio hasta ahora quedaría inútilmente maltratado?

La única respuesta a esa pregunta (descontado que puede haber motivos que no sean jurídico-penales para reprochar su conducta) consiste en recordar que sobre los funcionarios públicos pesa un especial gravamen, el de ser objeto de escrutinio y de sospecha más allá de lo que lo sería un ciudadano común y corriente. Son las servidumbres —observaba un jurista con ácida ironía— a que obliga la grandeza. El poder confiere grandeza y notoriedad, pero a cambio la sociedad democrática exige a quien lo ejerce pulcritud en su conducta más allá de la ley, aceptar se desconfíe de él y que llegado el caso esa desconfianza lo lesione.

¿Injusto? No, en lo más mínimo. Más injusto sería que se otorgara el poder y el prestigio y las ventajas que lleva consigo sin que los ciudadanos que los confieren pudieran hacer el escrutinio de la legalidad y la corrección de los actos que a su sombra se realizan.
br> Esta columna fue escrita para El Mercurio de Valparaíso