Controversia generaron las acotadas sanciones que hace unos días recibió el club Universidad de Chile por los violentos incidentes que una parte de su hinchada protagonizó en el inicio del campeonato, el pasado 30 de enero. El castigo —restricciones de acceso a la galería sur del Estadio Nacional por tres fechas— reabrió la discusión sobre cuán comprometidos están los organismos del fútbol en el combate contra la violencia de las barras bravas. Estos organismos destacan una serie de medidas que se han adoptado en los últimos años, como la implementación del Registro Nacional de Hinchas, que permite identificar biométricamente a los inscritos y que demandan sea además ley. Con todo, nada de eso ha sido suficiente y cada tanto vergonzosos episodios vienen a evidenciar la persistencia del problema.

Desde el punto de vista político, el balance tampoco es satisfactorio. Se acumulan críticas a la actuación de los delegados presidenciales en el manejo de los partidos de alto riesgo, y el mayor hito del período ha sido el mediático cierre del programa Estadio Seguro, al admitirse su fracaso luego de incidentes que significaron la muerte de dos jóvenes el año pasado en las afueras del estadio Monumental. Claro que el departamento que lo reemplazó ha operado desde entonces incluyendo personal de Estadio Seguro y sin un director titular ya que, tal como informa hoy “El Mercurio”, el primer concurso fue declarado desierto, y el segundo, que se encuentra en proceso, fue extendido, por lo que se proyecta que concluya a fines de abril.

Por cierto, los fracasos en esta materia de sucesivas administraciones imponen escepticismo respecto de lo que puedan lograr las próximas autoridades. Sin embargo, tratándose de un gobierno que sustentó su campaña en la promesa de priorizar la seguridad pública, este tema debiera recibir su especial atención. En efecto, como advirtió hace algún tiempo un estudio de investigadores del CEP, uno de los errores que persistentemente se han cometido frente al fenómeno ha sido el de no entender su naturaleza, cual si solo se tratara de manifestaciones que cada tanto se producen en torno a ciertos partidos.

Ello ha derivado en la adopción de medidas paliativas en los estadios (cámaras, más guardias, etcétera), necesarias, pero impotentes frente al verdadero problema: la consolidación de las barras bravas como estructuras permanentes que en los días de fútbol manejan mercados informales en torno a los partidos (reventa de entradas, estacionamientos, distribución de sustancias ilícitas), pero que también ejercen control de territorios en los que siguen operando todos los días de la semana.

En esta lógica, su actuación en los estadios es una forma de visibilizar su poder y atraer nuevos miembros, y los incidentes, apenas la expresión más pública de un fenómeno mayor, con características que lo acercan al crimen organizado. A ello justamente apuntó el ministro de Seguridad Pública a raíz de los incidentes del 30 de enero, cuando habló de cómo estos grupos “utilizan el estadio como método de reclutamiento para luego cometer crímenes en otros lugares”.

Así, dejar de entender esta violencia como el mero desborde de un grupo de fanáticos y enfrentarla en cambio como otra manifestación de la crisis de seguridad pública y de la instalación de estructuras criminales parece un paso fundamental. El próximo gobierno debiera tenerlo claro.