En octubre pasado siete universidades privadas —Finis Terrae, Mayor, Autónoma, Santo Tomás, de las Américas, Central y Bernardo O'Higgins— presentaron una consulta no contenciosa al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que evalúe si el proceso de fijación de los aranceles regulados, particularmente el último, no está reduciendo artificialmente la competencia en el sistema universitario. El Tribunal acogió a tramitación esta solicitud a inicios de noviembre. El mismo mes la Subsecretaría de Educación Superior intentó impugnar la petición de esas universidades. Sin embargo, su argumentación no fue acogida por el Tribunal.

Ahora el CRUCh ha decidido hacerse parte de este proceso. Antes lo había hecho, por propia iniciativa, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Era razonable que ello ocurriese, porque si bien en ningún momento el documento ingresado por las siete universidades privadas no tradicionales insinúa que puedan ser las instituciones del CRUCh las causantes de una eventual menor competencia, sí sugiere que el proceso de fijación de los aranceles regulados, llevado adelante por la Subsecretaría de Educación Superior, beneficia a varias de sus afiliadas elevándoles arbitrariamente los aranceles y reduciendo, para evitar un mayor gasto fiscal, los aranceles que les corresponderían a esas siete organizaciones de acuerdo a la metodología original.

Las bases técnicas para calcular los aranceles regulados son preparadas por la Subsecretaría de Educación Superior con consulta a la Comisión Experta para la Regulación de Aranceles (CERA). Esta realiza propuestas de cambio o pide precisiones que a menudo, pero no siempre, han sido recogidas por la Subsecretaría.

En el último proceso, la CERA recomendó desechar en el cálculo de los aranceles regulados una propuesta de economías de escala asociada al número de sedes que podían afectar los valores de los aranceles. La Subsecretaría reconoció que era un asunto que requería más estudio y accedió a la petición. Sin embargo, en el cálculo final de los aranceles, denuncian las instituciones reclamantes, hizo ajustes en los factores asociados al tamaño de las instituciones y a los valores que definen si una institución es grande. Producto de ellos se habrían elevado los aranceles regulados de las universidades de excelencia, reduciéndose aquellos de las instituciones de nivel avanzado. Este cambio no fue consultado a la CERA y tampoco fue fundado. Sería, por tanto, un factor central en la consulta frente al TDLC.

Se agrega a ello, entre otros factores, que la metodología no reconoce que hay instituciones que reciben recursos públicos directos y otras no, y que el sistema regulatorio les exige los mismos criterios para acreditarse.

Este tipo de disputas se seguirá desarrollando atendido el muy imperfecto proceso de fijación de aranceles regulados que se ha acordado para financiar la gratuidad. Los recursos públicos que invierte el Estado en educación superior han crecido considerablemente desde que se instaló la gratuidad, pero sin que ellos hayan introducido un cambio cualitativo en el sistema, toda vez que solo han sido utilizados para reemplazar la inversión de las familias, pero sin cambiar los incentivos del sistema de educación superior.

Al mismo tiempo, han mantenido la marcada dependencia del financiamiento de las instituciones de educación superior de los aranceles. Por tanto, cualquier decisión de las autoridades que los afecte es recibida con preocupación y lleva a permanentes cuestionamientos de las decisiones de las autoridades educativas. Ellas, sobre todo si no están bien fundados o descansan en argumentos débiles, son vistos con sospecha e invitan a un permanente lobby para proponer cambios en una u otra dirección. Esta realidad, unida a una concentración del debate de rectores y rectoras en asuntos financieros, más tarde que temprano le restará legitimidad a la educación superior. La decisión del TDLC, cualquiera sea, sin dudas tensionará al sistema universitario.

La política de gratuidad en la educación superior fue una equivocación, pero aún más grave fueron los criterios elegidos para asignar su financiamiento. Ahora, las universidades estarán desfilando ante el TDLC, una situación inédita en la experiencia comparada. La responsabilidad de una política mal concebida.