Un editorial de “El Mercurio” publicado el domingo reconoce una verdad evidente: existe un descontrol carcelario. Efectivamente, el sistema penitenciario no ha logrado la eficiencia necesaria para que las cárceles sean un lugar seguro, donde no se reproduzca el delito y el tráfico de drogas, y donde quienes merecen estar recluidos no sean liberados por oscuros errores de funcionarios que debieran asegurar su adecuada custodia.

Sin embargo, el editorial también apunta a una situación de la mayor gravedad. El Estado tiene la obligación de custodiar adecuadamente a quienes están bajo su cuidado y, más aún, asegurar su dignidad y reinserción, concepto ausente pero fundamental para otorgar sentido y horizonte a la reclusión. En el actual sistema estas exigencias no se están cumpliendo. Las cárceles están hacinadas. La expenitenciaría, que alberga la mayor cantidad de hombres privados de libertad, no debiera exceder los 3.500 cupos y actualmente su población es superior a seis mil, por poner solo un ejemplo.

Como bien se señala en el aludido texto, las prisiones tampoco tienen las condiciones necesarias para asegurar la integridad de los reclusos. Faltaría mencionar que entre los homicidios dolosos, algunos han sido cometidos por personas con diagnósticos psiquiátricos graves y que están presos por no tener cupo en los hospitales psiquiátricos. De lo contrario, sería difícil explicar episodios de canibalismo o que un preso decapite a otro.

No hay duda de que el Estado está en falta, y en falta grave, en el cumplimiento de muchos de los deberes que le corresponden en defensa de la vida y la dignidad de las personas a las cuales encierra en prisiones. Sin embargo, ante esta situación se hace necesario también asignar responsabilidades concretas. El editorial menciona el caso de una mujer que dio a luz en condiciones de indignidad en San Miguel; se suma a otra que tuvo a su hija engrillada. A raíz de este escándalo, desde 2016 espera su aprobación una ley —mal llamada Sayén, pues revictimiza a la niña— que, no obstante, no ha merecido la atención necesaria para evitar que se repitan situaciones como esta y otras que también requieren dedicación, como la prisión de mujeres embarazadas o con guaguas en condiciones que vulneran los derechos de los niños y niñas.

Chile tiene un problema de delincuencia —menor que el que aparece en los medios— pero grave; aún más serio es el incremento del crimen organizado y de los homicidios. La respuesta fácil es aumentar las cárceles. Tal vez ello ayuda a resolver el problema del hacinamiento. El sistema penitenciario tiene falencias como las mencionadas en el editorial y que requieren de una intervención urgente para evitar el ingreso de droga, los negocios ilícitos, y otras irregularidades.

Sin embargo, nada de eso es suficiente. Hoy en día, aparte de no respetar la dignidad básica de las personas, en las cárceles hay quienes corren peligro de vida, de contaminación criminógena o de abusos por los mismos reclusos. Las preguntas que debieran inquietar tendrían que sugerir respuestas sobre la conveniencia de encarcelar a personas que cometen delitos menores y recuperan su libertad en situación aún más vulnerable que la que las llevó a la prisión, y el sentido de mantener en prisión a mujeres también con delitos menores a cuestas, con un promedio de tres hijos que quedan a merced justamente de las bandas de narcotraficantes.

Quizás la pregunta más difícil de responder es cómo nos hacemos cargo de que esas personas, mujeres especialmente, que han pasado por la prisión puedan volver a la sociedad como personas pro-sociales y con posibilidades de rehacer sus vidas. Esa es también misión del Estado y de la sociedad civil: recordar que el delito y la prisión no son un tema solo penal, sino también, y tal vez principalmente, un problema social.