Si hoy martes el Congreso peruano decide censurar al Presidente José Jerí, se abre un nuevo episodio de incertidumbre para la democracia peruana, ya muy magullada por los sucesivos escándalos de corrupción que vienen ocurriendo los últimos años, y que llevaron a la cárcel a varios exmandatarios. Siete mociones de censura deben debatir y votar los 130 parlamentarios, las que piden la destitución de Jerí porque supuestamente “carece de idoneidad ética y política para continuar en el cargo”, lo que, argumentan, afecta “la institucionalidad democrática y la imagen del Parlamento”.

Una vez más, Perú se enfrenta a la disyuntiva de evaluar las acciones de una autoridad que, asumida en momentos de profunda crisis, es cuestionada en su capacidad de conducción política por episodios de presunta corrupción.

El caso actual tiene su origen en las reuniones “clandestinas” que habría tenido Jerí con empresarios chinos, de las que se sospecha pudieran constituir tráfico de influencias, según una comisión investigativa del Congreso. Según ella, el Presidente se habría reunido una treintena de veces con un ciudadano chino en el Palacio de Gobierno sin que quedaran registradas en el libro de visitas, además de un encuentro en un “chifa” al que ingresó cubriéndose la cabeza con una capucha. El Presidente se excusó de este “error”, pero se defiende señalando que en el encuentro no hubo otro propósito que discutir sobre la celebración del “Día de la amistad peruano-china”, y que si hubiera tenido la intención de cometer un ilícito, no habría ido con escolta y un ministro. También están en el tapete acusaciones sobre contrataciones de funcionarias que habrían tenido citas personales con Jerí.

Hay una polémica sobre la pertinencia de una moción de censura que apunta a Jerí como presidente del Congreso o la de una “vacancia” en su rol de Presidente de la República. Si se aprueba la censura, el Congreso elegiría un nuevo líder parlamentario y este, automáticamente, asumiría el cargo máximo de la república. Y si bien hay una moción de vacancia presentada, no se discutiría hasta que se reanuden las sesiones ordinarias, en marzo, si Jerí supera la censura.

Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, no estaría a favor de la moción, mientras otro referente de centroderecha, Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, la apoya. La popularidad de Jerí cayó en picada tras el “Chifagate”, desde 58% en noviembre a 37%, este mes, al igual que su credibilidad: para el 68% es sospechoso de corrupción. El Congreso tampoco queda bien parado en la reciente encuesta de Datum, donde el 86% cree que “actúa por intereses propios” en la eventual censura.

Sin intentar disminuir la gravedad de las acusaciones, y reconociendo la necesidad de esclarecer hasta el fondo los casos, y permitir que la justicia haga su trabajo, parece inadecuado crear un clima de incertidumbre e inestabilidad a menos de dos meses de las elecciones generales, en las que se eligen Presidente y parlamentarios, incluidos los senadores de la nueva Cámara Alta. Con 36 candidatos presidenciales y 38 partidos en competencia es evidente que la democracia peruana está en una complicada situación. Este caso debiera abrir los ojos a la sociedad y a los electores sobre la necesidad de escoger autoridades representativas que muestren el más alto estándar moral y político para ejercer un cargo público y que sean responsables de asegurar que la institucionalidad siempre sea respetada.