La Ley de Responsabilidad Fiscal de 2006 mandata que cada gobierno debe emitir un decreto en el que definen las metas fiscales para su período en un plazo no superior a 90 días desde que asume. Estas metas se pretende determinen la trayectoria que seguirá la política fiscal durante los cuatro años que dura cada administración y es una señal muy importante para los mercados, los inversionistas locales y externos, y para todos los interesados en saber en qué dirección se conducirá la política fiscal en los años siguientes.

En el primer decreto de este gobierno, firmado por el Presidente Boric y por el ministro de Hacienda Mario Marcel, se proponía pasar desde un déficit estructural estimado en 3,3% del PIB en 2022 a 0,3% del PIB en 2026. A su vez, este decreto estableció, por primera vez en nuestra historia, un nivel prudente de deuda pública de 45% del PIB. Así, se estableció una intención de consolidar las cuentas fiscales, prácticamente cerrar el déficit estructural en cuatro años y estabilizar la deuda pública por debajo del nivel prudente al final de la administración. Era un decreto fiscalmente responsable.

Sin embargo, con el paso del tiempo, estos objetivos fueron cambiando. La última modificación ocurrió el año pasado: tras reconocer un significativo incumplimiento de la meta fiscal en 2024, se fijó una meta de déficit estructural de 1,6% del PIB para 2025, y de 1,1% del PIB en 2026.

Con estas cifras a la vista, el Congreso discutió la ley de presupuestos de este año. Sin embargo, hace pocos días el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre mostró que 2025 cerró con un déficit estructural de 3,6%, y ello después de la criticable operación de Corfo. Esta cifra más que triplica la meta con la que se hizo el presupuesto del año pasado (1,1% del PIB), es dos puntos porcentuales más deficitaria (unos US$ 7 mil millones) que la meta vigente (1,6% del PIB) y también es superior a la proyección de 2,2% del PIB que se dio a conocer al país solo tres meses antes del cierre del año. En el mismo informe, el gobierno proyecta un déficit estructural de 2,7% del PIB para 2026, una cifra que supera ampliamente la meta vigente de 1,1% del PIB y es nada menos que ¡nueve veces! la meta de 0,3% fijada inicialmente por este gobierno.

Un cambio positivo de estos años fue el establecimiento legal de cláusulas de escape en la Ley de Responsabilidad Fiscal. De acuerdo con esta modificación legal, la sustitución de un decreto de política fiscal debe ser excepcional y producirse exclusivamente cuando la administración active una cláusula de escape, o invoque otras causales extraordinarias. Los hechos ocurridos dan cuenta de un evidente incumplimiento legal. Las metas fiscales no se han cumplido y los decretos de política fiscal han sido modificados sin mediar una crisis externa o interna y sin existir causas extraordinarias. Lo que ha ocurrido en los últimos tres años ha sido una sobreestimación inusual y persistente de los ingresos fiscales, sin el necesario ajuste del gasto cuando quedó en evidencia el error de proyección.

En relación con el segundo elemento de la regla fiscal, aunque el nivel prudente de deuda no se ha superado, es altamente probable que esto ocurra en los próximos dos años si no se cambia la dinámica de las finanzas públicas, como lo ha dicho con claridad el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Además, este resultado se explica en parte por el inédito uso del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) para financiar el déficit fiscal de 2024, hasta reducirlo a su mínima expresión (poco más de 1% del PIB). Otra decisión fuertemente discutible, que evita mayor aumento de deuda bruta al costo de usar los activos líquidos del Estado.

Los incumplimientos de la meta de balance estructural durante los últimos tres años han dañado fuertemente la credibilidad del manejo fiscal de nuestro país. A su vez, la magnitud de los déficits observados es insostenible. Urge una consolidación de las finanzas públicas y la única forma de recuperar esta credibilidad es definiendo metas exigentes, pero creíbles, para los próximos años y cumplirlas.

El ajuste fiscal comprometido por la nueva administración durante la campaña presidencial se hace hoy aún más necesario, e incluso podría ser insuficiente, dado el tamaño del desequilibrio fiscal que muestran las últimas cifras. El nuevo gobierno que asume en marzo deberá concentrar sus esfuerzos de los primeros meses en revisar el real estado de las finanzas públicas, sincerar las proyecciones de ingresos y comprometer un ajuste fiscal ambicioso pero alcanzable, que permita a las cuentas públicas retomar una senda sostenible durante los próximos años. No basta con tener una institucionalidad fiscal de excelencia si consistentemente se pasan a llevar sus compromisos.

Felipe Larraín Bascuñán
Director Clapes UC y profesor titular Economía UC, exministro de Hacienda