La sentencia a veinte años de cárcel que acaba de recibir el empresario de medios Jimmy Lai por apoyar las protestas de 2019 confirma que el compromiso de mantener el sistema democrático de Hong Kong por 50 años después del traspaso de soberanía a China, en 1997, fue una promesa vacía y ya muerta. El gobierno comunista ejerce un férreo control sobre el territorio y sus ciudadanos, amagando las libertades civiles, de expresión y de prensa. Jimmy Lai, un ciudadano británico, fue sentenciado por el delito de “conspiración para actuar en colusión con fuerzas extranjeras para cometer sedición”, por lo que recibió una condena a 20 años de prisión, lo que para un hombre de 78 años equivale a una cadena perpetua.

Cuando Beijing dictó la Ley de Seguridad Nacional, en 2020, después de las masivas protestas del año anterior, envió una potente señal hacia los hongkoneses y al mundo de que no toleraría ninguna oposición. “Un asalto a la libertad”, proclamó Chris Patten, el último gobernador británico de la colonia. La ley fue elaborada para castigar cuatro delitos considerados graves por el PC y que conllevan cadena perpetua: la “secesión”, es decir, cualquier esfuerzo por romper con Beijing; la “subversión”, que sería el intento de debilitar la autoridad central; el “terrorismo”, o sea, cualquier acto de violencia o intimidación, y la “colusión con fuerzas externas o extranjeras”. Por subversión y colusión se condenó a Lai, a quien se le achaca haber tratado de que se impusieran sanciones internacionales o un bloqueo a China por la represión de 2019. La ley además incluye la posibilidad de extraditar a acusados en Hong Kong al territorio continental. Lai no es el único activista procesado por las manifestaciones: otros tantos líderes democráticos están condenados o a la espera del fin de un juicio, mientras un puñado vive en el exilio, con órdenes de captura pendientes y con ofertas de recompensas para quien contribuya a su detención. Beijing cree en la extraterritorialidad de esta ley, la que, afortunadamente, queda limitada por los escasos tratados bilaterales de extradición vigentes.

Ante tan evidente injusticia, la comunidad internacional ha sido tímida, si no pusilánime, con apenas expresiones de “condenas enérgicas”. Gran Bretaña, como expotencia colonial, lleva la responsabilidad mayor, pero se ha limitado a declaraciones como que el proceso “está motivado políticamente” o que representa “un desprecio por la libertad de prensa”, pidiendo la liberación inmediata de Lai. La prueba de que esto es solo retórica fue la visita del Primer Ministro Keir Starmer a China, el mes pasado, cuando dijo que en su reunión con Xi Jinping habían tenido “una discusión muy respetuosa sobre el tema”, una vergonzosa muestra de que el interés por “relaciones sofisticadas” con Beijing tiene prioridad sobre la defensa de los derechos humanos. En momentos de graves turbulencias geopolíticas y tensiones económicas provocadas por la competencia entre Washington y Beijing, que han afectado el comercio internacional y la fortaleza de las alianzas occidentales, la defensa de los derechos humanos en China parece haber pasado a total segundo plano.

Taiwán siempre en la mira

Con Hong Kong sometido, China mantiene la mirada puesta en la “provincia rebelde”, Taiwán, que defiende férreamente su democracia , a pesar de que reconoce que, en algún momento, volverá a integrarse a China, pero no bajo el modelo de “un país, dos sistemas”. Los líderes de Taipei prefieren resistir con cautela y tranquilidad, aferrándose a su principal aliado, EE.UU., que está obligado por ley a defender la isla, y con el que mantiene buenas relaciones, graficadas en el reciente acuerdo para rebajar los aranceles del 25 al 15 por ciento. Más importante, el gobierno taiwanés ha reafirmado su intención de aumentar su gasto en defensa hasta el cinco por ciento del PIB, lo que incluye una compra millonaria de armas norteamericanas, a pesar de que Xi advirtió a Donald Trump que “manejara esta venta con máxima prudencia”.

Las muestras de hostilidad chinas hacia Taiwán no pueden tomarse a la ligera, lo que fue notorio con las extraordinarias maniobras realizadas por las fuerzas armadas comunistas a fines de 2025, que incluyeron simulación de bloqueos navales y aéreos a la isla, con fuego de misiles y vuelos rasantes. Los ciberataques y la penetración tanto de buques como de aeronaves a la zona taiwanesa de “identificación de defensa aérea” han ido en alza, con miles de incursiones registradas el año pasado. Es obvio que esta actividad militar aumenta el riesgo de incidentes y de la escalada de un conflicto latente por décadas. La duda es si China está dispuesta y capacitada a emprender una aventura para capturar el territorio, pero que puede llevarla a un enfrentamiento directo con EE.UU. Además está Japón, cuya nueva Primera Ministra ha declarado que defendería militarmente a Taiwán.

Este no parece el momento adecuado para que China decida una invasión. La reciente defenestración del más alto general de las FF.AA. por supuesta corrupción se suma a la purga de nueve generales en octubre y a la de decenas de altos oficiales, señal de una crisis mayor en la cúpula militar. Se dice que quizás en el corto plazo esto puede beneficiar a Taiwán, pero en el largo plazo una jerarquía nueva, con fuerzas militares fortalecidas, representaría una amenaza mayor.