Chile ha registrado un crecimiento promedio del PIB en los últimos 13 años de solo 2,1%. Sin embargo, el crecimiento del gasto del Estado ha sido muy superior. Por ejemplo, mientras se estima que en 2025 el PIB se expandió solo un 2,3%, las estadísticas de la Dirección de Presupuestos (Dipres) respecto de la ejecución presupuestaria a diciembre dan cuenta de un crecimiento del gasto del gobierno central de 3,5%.

Este contexto explica la expectación que generaba el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre del 2025, finalmente publicado ayer. Y esa expectación fue lamentablemente validada por lo que ha sido una de las peores “sorpresas” en materia de déficit estructural en la historia reciente de Chile. Específicamente, mientras que en el IFP del tercer trimestre de 2025 Hacienda calculó que el déficit estructural sería de 2,2% (una cifra ya alejada de la meta autoimpuesta), el resultado conocido ayer elevó el descalce a 3,6% del PIB. Esto da cuenta de una desviación extraordinaria de $4.480.837 millones en el déficit, en apenas unos meses. Un monto de esta magnitud solo puede ser explicado por la combinación de mayúsculos errores de predicción de ingresos y la incapacidad de anticipar la urgente necesidad de controlar gastos. La gravedad de lo ocurrido no puede ser obviada y exige establecer responsabilidades. La publicación marca un día negro en la historia económica del país.

El impacto, además, se extenderá a los próximos años. La nueva proyección para 2026 indica que el déficit estructural se ubicaría en 2,7% del PIB, más del doble de lo que se había anticipado solo hace algunos meses (1,1%). Esto tendrá efectos de mediano plazo y representa una amenaza cierta para la estabilidad de nuestras cuentas fiscales.

Y si las cifras son decepcionantes, no menos frustrante es la ausencia de autocrítica. Desde los ajustes cambiarios hasta un marcado énfasis en identificar responsabilidades entre grandes contribuyentes (empresas), el informe evacuado por la Dipres sugiere que las razones tras el nuevo incumplimiento serían externas. Esto es casi irritante cuando se considera que estamos frente a un tercer incumplimiento consecutivo. Finalmente, plantear que en el IFP del segundo trimestre de 2026 “se deberá presentar acciones correctivas necesarias para retornar a una situación fiscal sostenible” sugiere una gestión fiscal a la deriva, que espera que la siguiente administración se haga cargo del desaguisado.

El impacto sobre la administración Kast

Todo esto obligará a los equipos del Presidente electo, José Antonio Kast, a revisar el diseño de su plan económico. Adicionalmente, debería significar el fin de proyectos impulsados por el actual Ejecutivo, como el nuevo sistema de financiamiento a la educación superior, y una profunda reevaluación de la iniciativa sobre sala cuna.

Con este sorpresivo mayor desajuste presupuestario, aún más importancia cobrará un recorte significativo del gasto público en los próximos años. Según el programa de Kast, este recorte iría acompañado por una reducción del impuesto corporativo, entre otras medidas. Hasta dónde será posible combinar ambas acciones sin abultar más el gigantesco déficit fiscal heredado será uno de los desafíos de la nueva administración. Y a ello se agregará una tarea política mayúscula: sin un Congreso que comprenda la gravedad de la situación de nuestras finanzas públicas, difícilmente se podrá avanzar en una agenda ordenadora.

¿Una comisión para explicar lo obvio?

La publicación, justamente ayer, en el Diario Oficial, del decreto del Ministerio de Hacienda que crea la Comisión Asesora Ministerial para el Análisis y Estudio de la Recaudación Tributaria no Minera del Impuesto a la Renta concretó la peculiar idea que el ministro Grau anunciara hace algunas jornadas. La instancia deberá diagnosticar si existe un cambio estructural en los ingresos fiscales, identificar sus causas y proponer medidas para elevar la recaudación.

A primera vista, la iniciativa parece razonable: si la carga tributaria no sube, es necesario investigar por qué. El problema es que se parte de una premisa equivocada. Se supone que la recaudación es baja porque algo “no está funcionando” en la administración tributaria, en el diseño de normas o en el comportamiento de los contribuyentes. Sin embargo, el propio decreto alude a un hecho central: durante ocho años se han aumentado tasas sin que aumente la recaudación como porcentaje del PIB. El punto es que, más que algún misterio técnico, esta es la constatación de un problema económico básico. La recaudación depende del tamaño de la base imponible. Si la economía crece poco, si la inversión cae o si la rentabilidad empresarial disminuye, la recaudación corporativa también lo hace. El verdadero cambio estructural ha sido la secuencia de errores de política y diagnósticos equivocados de los últimos años.

Chile no enfrenta un problema de medición tributaria, sino de crecimiento. Mientras la productividad y la inversión permanezcan estancadas, la recaudación también lo hará. Insistir en comisiones que examinan síntomas en lugar de causas solo prolonga la ilusión de que el Estado puede fijar por decreto el tamaño de su base tributaria. Al plantear esa vía, pareciera que lo que se busca no es, en verdad, indagar en un fenómeno desconocido, sino evitar reconocer uno evidente.