Una serie de cinco informes elaborados por la Contraloría han presentado evidencia de severas irregularidades en el proceso de reconstrucción en la Región de Valparaíso luego de los trágicos incendios de febrero de 2024. Dichas irregularidades llegan a un grado tal que los antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para que evalúen si corresponde perseguir acciones penales. Todo esto hace aún más grave la situación de lento avance en la reconstrucción y genera la justificada indignación de los afectados y de la ciudadanía. Entre las irregularidades mencionadas, se cuentan sobreprecios por arriendos de maquinaria pesada que llegan a un 378 por ciento (detectados mediante comparaciones con arriendos similares en contextos equivalentes), así como pagos por obras no ejecutadas y otras con insuficiente comprobación de que lo fueran. Ha llamado particularmente la atención la contratación vía trato directo de una empresa que no contaba ni con la maquinaria ni con los trabajadores necesarios, todos los cuales subcontrató por valores muy inferiores a lo recibido del Estado.

Si los lentos avances en la reconstrucción son difíciles de comprender, más lo son las incapacidades para gestionar procedimientos que son habituales en este tipo de situaciones. En efecto, no hay aquí procesos que sean desconocidos o excesivamente complejos. Pese a ello, los desórdenes administrativos detectados en el municipio de Viña del Mar y en las delegaciones regional y provincial, así como en la dirección regional de arquitectura del MOP, todas agencias del Estado responsables, son innumerables. Se ha argumentado que la urgencia y la falta de una unidad especializada en el Estado para hacerse cargo de estos desastres estarían a la base de los problemas. Es una justificación muy pobre. En el caso, por ejemplo, del municipio de Viña, que en varias ocasiones ha enfrentado situaciones similares —aunque en ellas, es cierto, no se perdieron tantas vidas—, la Contraloría detectó que no existía algo tan básico como un manual de procedimientos para abordarlas. Y es que, en general, las irregularidades tienen su origen en fallas de este carácter, que no requieren de nuevas instituciones o plazos prolongados para evitarse.

Para un país con un largo historial de desastres es inaudito que los distintos servicios y gobiernos central, regionales y locales aleguen sorpresa, falta de experiencia o insuficiencias institucionales para lidiar con ellos. Aquí hay una negligencia manifiesta en organizar al Estado para una tarea que exige poner a profesionales capacitados a cargo. Los nombramientos políticos que siguen penetrando el aparato público impiden que esas capacidades mínimas se asienten y puedan utilizarse para estos episodios. Además, cabe preguntarse si la resistencia a instalar procesos básicos en la administración de estas situaciones no es también una manera de aprovecharlas para obtener beneficios propios. Este último es un riesgo siempre posible, pero que puede acotarse con una gestión más profesional.