El gobierno de Gabriel Boric se presentó ante la ciudadanía con una plataforma refundacional; promovió un proyecto constitucional para implementarla; prometió transformarse en “la tumba del neoliberalismo”; anunció que iba a acabar con el sistema de AFP; sospechaba del crecimiento económico, al que algunos de sus partidarios le atribuían gran parte de los males del planeta, y miraba con reticencia el combate represivo a la delincuencia. Pretender ahora, cuando termina el período, hablar de un legado de “normalización” del país parece una ironía o una broma de mal gusto.

Primero, porque la supuesta normalización a la que alude y de la que se vanagloria es lo opuesto de esa plataforma; es decir, es una normalidad basada en que no se refundó el país, el sistema capitalista no fue desmantelado, las AFP no se acabaron, y el crecimiento y el combate a la delincuencia debieron incorporarse forzadamente a la agenda. Y todo ello no como resultado de sus propuestas originales, sino porque la fuerza con que la ciudadanía rechazó la Constitución de la Convención, que el Gobierno impulsaba, lo obligó a modificar el rumbo. Es decir, fue un cambio motivado por razones de pragmatismo político y no doctrinarias.

Pero, además, el hecho de que el país volviera a una relativa normalidad luego de la destrucción y la anomia que caracterizaron a la revuelta de 2019 —apoyada esta por el Frente Amplio y el PC—, de los graves trastornos que ocasionó la pandemia, y de la inflación y exceso de consumo a que condujeron los retiros de las AFP —también promovidos fuertemente por las fuerzas que sostienen a la actual administración— es lo mínimo que se puede esperar de la actuación de cualquier gobierno, y está lejos de constituir un legado del cual sentirse orgulloso. Más bien, esa normalidad solo surge del contraste que la situación actual tiene con la extrema fragilidad a la que conducía el proyecto refundacional que las actuales autoridades promovían, y de un hecho particularmente alterador de la vida como fue la pandemia. Más allá de eso, la situación fiscal se ha seguido deteriorando, entre otras razones, por las malas estimaciones de recaudación que los funcionarios de esta administración han hecho en los últimos tres ejercicios; el desempleo se ha mantenido alto (y no ha sido mayor por la gran creación de empleo fiscal en este período); el crecimiento continúa siendo exiguo, y los problemas de delincuencia e inseguridad siguen teniendo una alta visibilidad. Incluso la estabilización de la inflación, sin duda un logro importante, es mucho más mérito del Banco Central que del Gobierno, a la luz, precisamente, de las cifras fiscales. Todo lo anterior hizo que en diciembre pasado la ciudadanía no se sintiera interpelada por ese “legado” y no le renovara la confianza, escogiendo en vez un Presidente de signo muy opuesto.

Es que los legados efectivamente percibidos como tales por la población no son construcciones artificiales, amasadas en un relato preparado en el segundo piso de La Moneda y diseminado luego por los voceros del Gobierno, sino que responden a una huella profunda que la actuación de una administración deja, pasando de esa manera a formar parte del imaginario colectivo de la nación. De lo contrario, ese relato, concebido solo como una artificiosa construcción lingüística, se tiende a disolver rápidamente sin dejar huella, por lo que, más que realzar a sus promotores, los devalúa, por lo alejado que ese discurso está de la realidad.

Contrasta este esfuerzo del Gobierno con lo ocurrido con su antecesor, encabezado por Sebastián Piñera, quien a pesar de ser denostado durante su mandato, con dos acusaciones constitucionales en su contra y empeños desembozados por impedirle concluir su mandato, ha terminado siendo reconocido transversalmente por el inmenso esfuerzo y la inagotable energía que desplegó mientras fue Presidente para enfrentar y resolver los problemas, incluidas la pandemia y la mayor crisis que ha enfrentado la democracia chilena en las últimas décadas