Señor Director:

La publicación de este lunes titulada “Colegios se alistan para cumplir con nueva ley que restringe uso de celulares en las aulas” confirma que las soluciones políticas frente a la educación y el bienestar de niñas, niños y jóvenes, una vez más, se quedaron cortas.

La medida es un avance, pero llega tarde y de forma parcial frente a un problema que ya tiene efectos visibles en la convivencia escolar, aprendizaje y salud mental. El uso intensivo de celulares y redes sociales no es un asunto privado ni doméstico. Es un problema de salud pública.

Las plataformas digitales están diseñadas para capturar atención y generar adicción, no bienestar. Sus algoritmos refuerzan la excitación, la comparación y la ansiedad, afectando especialmente a cerebros aún en desarrollo. Luego, cuando emerge la violencia escolar o el deterioro emocional, fingimos sorpresa. Los propios colegios que se adelantaron a la restricción reportan mejoras en convivencia, pero advierten que la implementación es compleja y que sin trabajo con las familias y apoyo institucional, la norma corre el riesgo de quedarse en la superficie.

Mientras otros países avanzan en regulaciones integrales y preventivas, Chile vuelve a optar por soluciones mínimas y reactivas. Australia fue el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años; otros lo están siguiendo.

La exigencia y responsabilidad debe recaer en las empresas de plataformas sociales y no en docentes o familias. Proteger la mente y el futuro de las juventudes no puede seguir siendo una política a medias.

Marcelo Trivelli