Señor Director:

A propósito del artículo titulado “Cómo la norma que ‘mató' el pie cero fragilizó el ahorro familiar”, cabe ampliar la discusión.

En los últimos años se han adoptado regulaciones financieras con objetivos legítimos: fortalecer la estabilidad del sistema y proteger a los deudores.

El endurecimiento de los requerimientos de capital de los bancos para créditos hipotecarios de alto financiamiento encareció —y en la práctica redujo— la oferta de préstamos con bajo pie.

Asimismo, la reducción de la Tasa Máxima Convencional buscó evitar cobros excesivos, pero también restringió el acceso al crédito formal de segmentos de mayor riesgo. Ambas medidas pueden justificarse desde la prudencia regulatoria. No obstante, al intervenir condiciones de precio y acceso en mercados esenciales, modificaron el umbral de entrada para miles de hogares. Según cifras recientes del INE, el ingreso laboral mediano alcanza $611.162 líquidos mensuales, mientras el promedio bordea los $897.019.

En ese contexto, y considerando que la vivienda propia sigue siendo un hito relevante de estabilidad, restringir simultáneamente el crédito hipotecario y de consumo no es neutro. La postergación de la autonomía económica suele traducirse en postergación de proyectos familiares. Tal vez el desafío no sea elegir entre estabilidad y acceso, sino diseñar regulaciones que incorporen explícitamente sus efectos intergeneracionales.

En ese contexto, cabría preguntarse si Banco Estado tiene un rol que jugar como instrumento de inclusión financiera técnicamente evaluada, evitando que la prudencia termine convirtiéndose en exclusión. La estabilidad financiera es indispensable. La movilidad social también.

Fernando Massú Taré